A casi un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el caso mantiene interrogantes y líneas de investigación abiertas sobre el móvil del ataque cometido un 20 de mayo.
El caso, que tuvo lugar sobre calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez y cercanías de la estación Xola, quedó en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyados por autoridades federales de seguridad.
Lo que se sabe
De acuerdo con las autoridades, fueron analizadas las cámaras del C5 y privadas, tanto del lugar como del recorrido por donde huyó el agresor; lograron identificar las unidades utilizadas antes y después del ataque.
A doce días de la agresión, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, confirmó que fue un hecho planeado y que al menos 20 días previos al ataque los autores habían realizado labores de vigilancia, logística y hasta un escape coordinado.
"Se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación y que quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa; necesariamente implicó una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos, materiales", dijo Alcalde.
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Mientras que Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, precisó que el arma empleada en el crimen era una nueve mm de la cual no guardaba relación con otro crimen.
En tanto, aseguró que las seis personas que participaron escaparon a bordo de una camioneta gris rumbo al oriente del Estado de México, además reveló el hallazgo de una tercera unidad utilizada por los agresores.
Las otras dos fueron descritas como una motocicleta Bajaj, una SUV Nissan Kicks azul robada y a la cual le alteraron los números de serie; en ninguna unidad de las cuales se pudieron identificar huellas dactilares.
Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad capitalina suspendió a dos altos mandos por presuntas irregularidades en la manipulación de indicios y violación de la cadena de custodia en la escena del crimen.
A finales de agosto, en una conferencia conjunta entre autoridades locales y federales, Brugada informó la detención de 13 personas aprehendidas durante 11 cateos simultáneos realizados en la Ciudad de México y el Estado de México.
De ellos, seis fueron en las alcaldías Xochimilco y Gustavo A. Madero, y el resto en los municipios de Otumba y Coacalco.
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Lo que aún no se sabe
En esa última conferencia en la que se informó sobre el doble crimen, se dijo que tanto el sicario como el o los autores intelectuales todavía no estaban identificados y por tanto, se continuaba su búsqueda.
Respecto a las líneas de investigación quedaron reservadas, incluso la fiscal Bertha Alcalde informó que no revelarían si los detenidos forman parte de algún grupo del crimen organizado, debido a que es una investigación en curso.
Aunque en la primera conferencia dada tras los hechos, comentó que hasta entonces no podían establecer un móvil, no obstante, no descartaban hipótesis.
Ya en junio, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, había dado a conocer que la investigación quedaba en secrecía por ser un caso “delicado”.
“Se tomó la decisión entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la policía de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, de no informar por el momento”, explicó en una conferencia matutina.
Las preguntas que permanecen sin respuesta son los posibles vínculos con el crimen organizado, si los objetivos recibieron amenazas previas, si en el ataque se emplearon armas de uso exclusivo del ejército o con registro, si realmente hubo alteraciones de evidencia, si desapareció alguna pertenencia del vehículo.
Así como los nombres y ubicación tanto del asesino como de quienes planearon la ejecución.
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HCM
