La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha identificado 25 escuelas particulares militarizadas en el país, las cuales deberán cerrar o modificar su plan de estudios antes de que inicie el próximo ciclo escolar; sin embargo, en Guanajuato, la autoridad panista informó que sus bachilleratos con esa modalidad seguirán operando con normalidad, porque son tecnológicos y promueven valores como “disciplina”.
El titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró a MILENIO Televisión que, tras un diagnóstico nacional realizado con autoridades educativas estatales, se determinó que dichas instituciones operaban bajo un esquema que carece de sustento legal.
Dicho “diagnóstico” se realizó luego de que una menor de 13 años falleciera el 16 de julio pasado en un campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz en Tamaulipas, institución contra la que hay cinco nuevas denuncias contra más implicados en abusos.
“Encontramos algunas escuelas que tenían alguna referencia militar en su nombre. En total detectamos 25 centros particulares, en los que se está procediendo a la clausura o al cambio de su plan de estudios”, señaló.
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Delgado recordó que la Defensa Nacional no cuenta con escuelas militarizadas de educación básica, motivo por el que la SEP emitió un oficio a las autoridades estatales para inspeccionar esos planteles y ordenar su clausura o regularización.
Precisó que las instituciones podrán continuar operando únicamente si eliminan la modalidad militarizada y adecúan sus programas de estudios a la normatividad vigente.
“Enviamos un oficio pidiendo que se haga una inspección de esos planteles y se proceda a la clausura o que la escuela cambie por completo su programa y elimine esta modalidad que no está establecida en la ley”.
Con el objetivo de que ningún estudiante interrumpa sus estudios, adelantó Delgado, las autoridades acompañarán a las familias para facilitar la revalidación de estudios y la entrega de documentación en caso de que algún plantel cierre definitivamente.
“Hay que recordar que son escuelas privadas, pero de cualquier manera estamos asumiendo la responsabilidad de hacer un acompañamiento a las familias, porque nos interesa que, bajo ninguna circunstancia, el menor se quede sin estudiar”.
Indicó que el plazo para concluir este proceso vence el 31 de agosto, fecha de arranque del ciclo escolar, por lo que ese día ya no deberá operar ninguna escuela bajo dicho esquema.
“La disciplina tiene que basarse en los valores que se inculquen a los jóvenes, no en el maltrato físico, en conductas de violencia ni abusos. Tenemos ya muy identificados los planteles y estamos pidiendo el apoyo de las autoridades estatales”, dijo Delgado.
En tanto, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) determinó que los más de 3 mil 500 estudiantes que cursan el Bachillerato Bivalente Militarizado continuarán sus estudios con normalidad, al considerar que este modelo público estatal no está incluido en las recientes disposiciones de la SEP.
La postura del gobierno estatal se da luego de que la SEP determinó que no se otorgarán autorizaciones para ofrecer educación básica bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o similares, además de establecer que no se permitirá la operación de escuelas particulares con ese modelo.
La SEG informó que la decisión se tomó después del análisis de los oficios emitidos por la SEP los días 22 y 29 de julio, los cuales concluyen que las disposiciones federales se refieren exclusivamente a educación básica y a instituciones particulares.
“Guanajuato no cuenta con escuelas particulares militarizadas con registro de validez oficial de estudios y no otorgará autorizaciones para su operación”, en cumplimiento de las disposiciones federales.
En esa entidad operan seis planteles públicos del Bachillerato Bivalente Militarizado, modelo impulsado durante la administración del exgobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Ayer, la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, reveló que hay al menos cinco denuncias más relacionadas con la Academia Militarizada Marina Doenitz, las cuales involucran a otras personas, además de las tres que están vinculadas a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos; las querellas se presentaron tras la muerte de la menor, el 13 de junio.
