La autonomía universitaria es un derecho constitucional que, en los últimos años, ha estado bajo acecho por presiones políticas e intentos de captura de órganos de gobierno, restricciones presupuestales, fiscalizaciones, e incluso por la vía judicial.
El acoso ha alcanzado tal nivel que ha llevado a la detención y destitución del rector de la Universidad Autónoma de Campeche; mientras que funcionarios del gobierno del estado han pedido a la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen, Sandra Martha Laffon Leal, su renuncia al cargo.
Además, en los últimos días hubo una amenaza de paro en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ante la falta de recursos de Hacienda para el pago de la nómina de poco más de 20 mil trabajadores y académicos, quienes tardaron una semana en recibir la última quincena de enero.
El 12 de enero, José Alberto Abud Flores, ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) fue detenido mientras se encontraba a bordo de una camioneta de la universidad, bajo la acusación de presunta posesión de drogas.
Se le detuvo y se le destituyó en un claro intento por parte del gobierno estatal, encabezado por la morenista Layda Sansores, por ejercer un control político y económico sobre esta universidad pública estatal, advirtió Roberto Rodríguez Gómez, académico del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM y director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior.
Pero no es el único caso en la entidad, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Carmen, entregó una carta el 19 de enero, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la que denunció que la rectora de esta casa de estudios, Sandra Martha Laffon Leal, fue contactada por funcionarios del gobierno del estado para pedirle su renuncia al cargo.
En la carta, de la cual MILENIO tiene una copia, el Consejo universitario expone que existe una grave vulneración del Estado de derecho y al principio de la autonomía universitaria en Campeche.
“Hacemos de su conocimiento que la Rectora de la UNACAR, la Dra. Sandra Martha Laffon Leal, ha sido víctima de coacciones y amenazas por parte de funcionarios del gobierno del estado de Campeche, quienes pretenden imponer su renuncia mediante vías extrajudiciales”, indicó la carta.
La misiva del máximo órgano de gobierno de la UNACAR agregó que estas amenazas se han visto agravadas por campañas de violencia política exacerbadas en razón de género, ejecutadas a través de plataformas digitales y espacios de difusión vinculados a la narrativa oficial.
“Dichas conductas no constituyen solo una transgresión administrativa, sino una violación directa a: el Artículo 3, fracción VII, de la Constitución Federal, que tutela la facultad de las universidades para autogobernarse…
“La omisión ante estos hechos sentaría un precedente adverso para el sistema nacional de universidades públicas y la soberanía de sus instituciones” agregó el documento.
Por aparte, Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), consideró que la solicitud de renuncia a la actual rectora de la UNACAR, por parte del gobierno de Campeche es una muestra de claro injerencismo.
Añadió que preocupa que esta circunstancia sea un patrón, ya que ha habido casos de otros rectores que muy cercanos a la fecha en la que tendrían que iniciar sus procedimientos de reelección, quienes han vivido conflictos internos en sus universidades lo que los ha orillado a desistir a sus justas intenciones de continuidad.
“Dichas amenazas a la autonomía universitaria, se dan desde los gobiernos estatales al interferir en el nombramiento de las y los titulares de las instituciones educativas”, indicó.
En tanto, en entrevistas periodísticas, el ahora ex rector de la (UAC), José Abud Flores, ha acusado a Layda Sansores de intentar vulnerar la autonomía de la institución para controlar el presupuesto universitario, en particular, con miras al proceso electoral de 2027.
En un mensaje en redes sociales, Abud Flores, denunció que desde el 2022, el gobierno estatal ha intentado intervenir injustificadamente en los asuntos internos de esta casa de estudios.
"No existía fundamento legal para destituir, no existía causa institucional para precipitar un relevo y no existía justificación jurídica para violentar los procesos internos de la Universidad. Lo que sí se evidenció fue la intervención indebida en la UACAM, que se conoce como injerencia en la vida interna de la institución educativa, que mancilló la autonomía universitaria.
"Esta actitud invasiva viene de tiempo atrás; data desde mi ingreso en 2022, con la obsesiva insistencia de incorporar a diferentes personas ajenas a la institución a puestos directivos", acusó.
Abud, quien ha expresado su abierta posición en contra de la Gobernadora Layda Sansores por sus intentos de injerencia en la Universidad, enfrenta su proceso en libertad.
El 'Caso UAS': Posibles presiones presupuestarias
El gobierno federal tardó en liberar la partida de 500 millones de pesos de subsidio, correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de este año, por lo que la UAS, tardó una semana en cubrir los salarios de cerca de 20 mil empleados activos y jubilados, advirtió Samuel de Jesús Castro Camacho, secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En entrevista, el líder sindical dijo que la UAS le solicitó en enero al gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya que se autorizara adelantar a la Universidad alrededor de 90 millones pesos de la partida presupuestal de este año, para que se cubriera la primera quincena del año.
A principios de este año, la autoridad estatal recibió para firma el Convenio de Apoyo Financiero para 2026 de parte de la federación, el cual presentaba varios errores, por lo que una vez corregido, se regresó a la SEP.
La dependencia federal les notificó que el nuevo convenio ya corregido sería turnado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su validación.
“Exigimos enérgicamente a la Federación ,principalmente, que pueda hacer llegar ese recurso a la universidad para que pueda cumplir con los trabajadores sindicalizados, cada trabajador recibe un salario y en este caso pues no lo estamos haciendo y la dirigencia sindical representada por un servidor hace este llamado a la Federación, para que se haga llegar este recurso a la universidad para que pueda cumplir con los trabajadores”, expresó el pasado fin de semana.
La Universidad comenzó este lunes 9 de febrero con el pago de la segunda quincena de enero a sus trabajadores activos y jubilados.
Cambios en Ley Orgánica
En 2024, el Congreso de Sinaloa realizó reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) lo que representó una violación a su autonomía, a la Constitución mexicana y a la Ley General de Educación Superior, advirtió Roberto Rodríguez Gómez, investigadores de la UNAM.
Además, la universidad ha denunciado discursos de odio por parte del gobierno del estado, encabezado por el morenista Rubén Rocha Moya. Incluso, en enero de 2026, la ANUIES hizo un llamado para defender la autonomía de la UAS frente a injerencias de los poderes estatales.
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Acoso de años
Roberto Rodríguez Gómez, académico del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, consideró que el acecho a la autonomía se ha venido desarrollando de 2018 a la fecha, de manera más marcada, a través de diversas formas, no solo mediante agresiones a rectores, disputas por el control de los órganos de gobierno de las universidades, tomas de instalaciones, juicios penales, cambios en leyes orgánicas de las universidades y campañas de desprestigio en conferencias matutinas.
“Son signos de preocupación porque evidencian un intento, desde la política, por tener injerencia en la vida universitaria, y modificar de manera profunda la educación superior del país. Ya son varios los casos para modificar las leyes orgánicas de las universidades como para intervenir en los procesos en la elección del cargo de rector u otros órganos de gobierno.
“La autonomía tiene otras dimensiones, la dimensión académica, la dimensión administrativa también. De los últimos casos, me parece que son sobresalientes los de la Universidad autónoma de Occidente y la Universidad de Sinaloa, la autónoma de Sinaloa, que el congreso local pudo modificar la manera en cómo se elige al rector y además la composición de los respectivos consejos universitarios para que el rector sea electo a través de procesos electorales”, señaló .
Rodríguez Gómez consideró que las universidades autónomas son instituciones de gran relevancia en los estados y manejan un presupuesto, sin duda, importante.
Al tratarse de instituciones libres y que suelen ser, en la mayoría de los casos, críticas de las políticas que se están implementando, pues son recintos donde imperan las libertades de cátedra y de investigación y de libre expresión, pueden resultar incómodas para los gobiernos.
“Tengo la impresión de que ese ha sido el caso, aunque también hay un matiz importante, justamente en la coyuntura en que se quiso eliminar la fracción de la autonomía del texto constitucional, el famoso error.
"Esto ya llamó mucho la atención a las instituciones autónomas y a la hora en que se elaboró la ley General de Educación superior, se buscó poner candados a la intervención de los poderes públicos sobre la ley orgánica, y en el artículo segundo de esta ley general de educación superior, se vieron como requisitos que las leyes orgánicas no podían ser modificadas sin un acuerdo de la propia institución” , dijo.
El investigador advirtió que la obligación de los rectores y de las universidades autónomas, es defender la autonomía, de manera individual y colectiva.
