Con 31 votos a favor y 3 en contra fue aprobada, durante Sesión Ordinaria, la propuesta de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para la creación de un registro público de agresores sexuales, el cual busca combatir estos actos de abuso.
La creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales contempla un sistema que permitirá identificar a quienes cuenten con sentencia firme por delitos sexuales y que será de consulta obligatoria en instituciones educativas, sociales y laborales antes de realizar contrataciones.
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Además, plantea cambios clave como que estos delitos no prescriban, evitar la revictimización y obligar al Estado a adoptar medidas de prevención en escuelas y familias.
En este registro se incluirá a toda persona que reciba sentencia ejecutoriada por un juez penal por la comisión de delitos de carácter sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Se señala que su finalidad es contar con un instrumento de política pública que prevenga la agresión sexual contra menores.
La diputada del PAN, Susana Bermúdez Cano, se pronunció a favor del dictamen y destacó que la medida permitirá reducir la reincidencia, al subrayar que no hay nada por encima de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
"Se concluye que la medida es compatible con los principios de reinserción social y de no ser juzgados dos veces por el mismo delito, pues el registro permitirá consolidar el sistema que fortalezca la reinserción social para prevenir la comisión de delitos sexuales mediante intervenciones especializadas dirigidas a personas sentenciados por este tipo de delitos con el fin de reducir el riesgo de reincidencias", dijo.
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Por su parte, Ruth Nohemí Tiscareño, diputada del PRI, se manifestó en contra del dictamen. Señaló que, si bien se deben adoptar todas las medidas necesarias para combatir la violencia sexual, la propuesta podría incurrir en inconstitucionalidad y ser anulada en el futuro debido al manejo de datos personales.
"La Suprema Corte de la Nación, ya se pronunció sobre este tema en la acción de inconstitucionalidad, en el que invalidó un modelo de registro público de agresores sexuales prácticamente idéntico al que hoy se propone . La corte fue clara, u registro con publicidad generalizada, opera como una pena adicional, basada en la peligrosidad del autor", puntualizó.
En tanto, el diputado de Morena, Abraham Ramos Sotomayor, reconoció que el registro puede ser una herramienta útil; sin embargo, coincidió con la legisladora priista en que existe el riesgo de inconstitucionalidad. Por ello, desde Morena se propuso limitar la publicidad del registro, iniciativa que fue rechazada.
"Existen alternativas, como el que sólo autoridades puedan acceder a esa información, cuando un problema nace de problemas de constitucionalidad corre el riego de ser invalidada, dejando sin efectos, una herramienta que podría servir precisamente para proteger, por ello,desde Morena presentamos esta reserva para limitar la publicidad del registro", señaló.
