Organismos de la sociedad civil se manifestaron en contra de la restricción de la movilidad que impuso el Gobierno de Nuevo León desde el jueves ante el aumento de contagios por covid-19en la entidad.
Por separado, integrantes de Pueblo Bicicletero y de Ahora Nuevo León manifestaron su inconformidad al señalar que no es competencia del Gobierno Estatal suspender tales derechos, y que además caen en el delito de abuso de autoridad y por ello piden que la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervenga.
“Por ello, solicitamos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos investigue de oficio la presunta violación del derecho a la movilidad, a causa de las restricciones determinadas por el Gobierno de Nuevo León; y que determine las respectivas conclusiones y acciones pertinentes.
"Consideramos que si el Gobierno Estatal determina que es adecuado para el control de contagios del virus SARS-CoV2 suspender el derecho a la movilidad, la medida sea implementada bajo los acuerdos del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, instituciones que sí cuentan con la atribución para definir medidas de esa índole”, cita Pueblo Bicicletero mediante un comunicado.
Además, indicó que las restricciones a la movilidad publicadas por el Gobierno Estatal son contrarias a la vigencia de los derechos humanos, como ocurre con las reformas aprobadas en el Congreso de Nuevo León que permiten encarcelar personas bajo el delito de “peligro de contagio”, y que ya derivaron en abusos policiales, reconocidos por la misma autoridad.
Por su parte, Ahora Nuevo León emitió un comunicado donde también coincide en la violación a los derechos humanos.
Señalan también que el Gobierno local carece de las atribuciones y facultades legales para suspender los derechos de las personas, como lo es el de libertad de tránsito y deambulatoria, de libre reunión y esparcimiento.
“Nos manifestamos en contra de la violación de derechos humanos y constitucionales, cometida por el Gobierno del Estado de Nuevo León, consistentes en la restricción de los derechos de libre tránsito, deambulatorios, reunión y asociación, esparcimiento, certeza, legalidad y seguridad jurídica.
Señala en su texto que corresponde solo al Consejo de Salubridad Federal y al titular del Ejecutivo Federal la restricción o suspensión temporal y esencial de los derechos humanos y constitucionales.
“Aunado a ello dichas medidas además de ser violatorias de derechos como los mencionados, han sido motivo para que los abusos policiacos ocurran cada vez más. Por ello, es común ahora ver casos de abuso policiaco, como extorsiones y uso excesivo de la fuerza, que en algunos casos ha causado la muerte de personas”.
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