La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa en 265 mil 503 personas el número de ciudadanos que permanecían en las listas de espera de la dependencia al cierre de mayo de 2026. De acuerdo con los datos oficiales analizados por la organización, 110 mil 108 personas, el 41.5 por ciento, aguardaban una valoración, mientras que otras 155 mil 352, el 58.2 por ciento, esperaban recibir prestaciones o servicios que ya tenían reconocidos.
El informe señala además que 13 mil 503 personas fallecieron durante los cinco primeros meses de 2026 mientras se encontraban en las listas de espera. De ellas, 6 mil 940 estaban pendientes de valoración y 6 mil 563 esperaban acceder a una prestación o servicio al que ya tenían derecho. La cifra supone, según el cálculo de la Asociación, una media de 90 fallecimientos diarios, aproximadamente uno cada 16 minutos.
La organización advierte de que existe una diferencia entre su estimación de la lista de espera y la cifra que contabiliza el Ministerio de Derechos Sociales. Según explica, la Administración considera como lista de espera exclusivamente a las personas respecto de las cuales no se están cumpliendo los plazos establecidos legalmente.
La Ley de Dependencia fija en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio reconocido, por lo que la Asociación considera que los datos ministeriales no reflejan la totalidad de las personas que permanecen a la espera de una respuesta.
Reclamo por la financiación del sistema
En su análisis, la Asociación atribuye parte de la ralentización que, a su juicio, experimenta el sistema a la evolución de la financiación estatal. En particular, señala que en los últimos tres años no se ha mantenido el incremento presupuestario extraordinario de 600 millones de euros que formó parte del denominado Plan de Choque durante 2021, 2022 y 2023.
La organización sostiene que esta situación estaría repercutiendo tanto en la evolución de las listas de espera como en la calidad e intensidad de las prestaciones y servicios. Entre los problemas que identifica figuran los procedimientos burocráticos, las cuantías reducidas de algunas prestaciones, la baja intensidad de determinados servicios y las restricciones para compatibilizar distintas ayudas y atenciones.
A estas dificultades añade la desigualdad territorial en el desarrollo del sistema y una financiación que considera insuficiente para garantizar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia.
Un derecho pendiente, según la Asociación
La entidad recuerda que el sistema de atención a la dependencia cumple 20 años y sostiene que, pese a los avances registrados desde la aprobación de la Ley de Dependencia, su potencial todavía no se ha desarrollado plenamente.
Según las cifras recogidas en el informe, cuatro millones de personas han recibido atención del sistema durante estas dos décadas, mientras que casi un millón de personas habrían fallecido mientras permanecían en las listas de espera.
La Asociación reclama, asimismo, mayor transparencia en la información pública. Afirma que continúa pendiente la publicación de datos relativos a las listas de espera de las revisiones, las solicitudes sin grabar y las personas atendidas del grado III+, elementos que, a su juicio, permitirían disponer de una fotografía más completa de la situación del sistema.
