La tortura y los malos tratos se mantienen como una práctica generalizada en México y ocurren en un contexto de impunidad, advierte un informe de las Naciones Unidas enviado al Congreso de la Unión.
De acuerdo con el reporte suscrito por Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dichos actos se registran principalmente “durante los momentos que siguen a la detención (de supuestos delincuentes) y antes de la puesta a disposición de la justicia”.
El informe de 34 cuartillas entregado al gobierno federal, que a su vez lo remitió tanto a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, incluye una serie de conclusiones y recomendaciones que el Estado mexicano deberá responder en un plazo perentorio.
Méndez sostuvo entre el 21 de abril y el 2 de mayo de este año reuniones con altos funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Salud, así como representantes de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Subrayó que las denuncias por el abuso de la fuerza pública durante manifestaciones públicas o contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado, sin un seguimiento de investigaciones efectivas.
“La impunidad de la tortura y los malos tratos es un aliciente para su repetición y agravamiento, por lo que el Estado debe arbitrar medios para investigar, sancionar y castigar debidamente esos actos”, remarcó el relator de las Naciones Unidas.
Entre sus recomendaciones incorporó también la necesidad de actualizar y homologar la legislación en la materia en el orden federal y en cada uno de los estados de la República, conforme a los tratados y protocolos internacionales para inhibir y castigar dichas prácticas.
