El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Quintana Roo exigió a la dirigencia nacional del tricolor pasar de la suspensión temporal de derechos partidarios a Roberto Borge Angulo, detenido el 4 de junio en Panamá, a la expulsión definitiva del partido.
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Guillermo Miranda García, consejero político estatal, pidió a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria proceder en contra del ex mandatario acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria suspendió temporalmente los derechos políticos a Roberto Borge, en la misma sesión en la que expulsó al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien fue detenido en Italia luego de permanecer prófugo cinco años.
A más de seis meses de que un grupo de militantes solicitara la suspensión de los derechos partidarios, el organismo no ha vuelto a reunirse para revisar el caso, de acuerdo con Guillermo Miranda.
El 20 de julio de 2016, el consejero político nacional, Armando Barajas, exigió a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria la expulsión de los ex gobernadores priistas Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte, de Chihuahua y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, porque con sus acciones afectaron “gravemente” la imagen del partido en los procesos electorales de 2016.
En el caso de Borge, la solicitud de Armando Barajas, quien preside la organización adherente “Corriente Solidaridad”, explica que las irregularidades administrativas de Roberto Borge “influyeron negativamente en las elecciones locales” en las que el tricolor perdió la gubernatura frente a Carlos Joaquín González, candidato de la alianza PAN-PRD.
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Entre las faltas señaladas destaca la denuncia penal por “abuso de poder y tráfico de influencias”, que presentó el empresario constructor Mario González ante la PGR y la solicitud de la Comisión Permanente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue el destino de casi 700 millones de pesos en renta de aviones para uso privado y de 16 mil 700 millones que en 2015, recibió Quintana Roo a través de fondos federales.
El consejero estatal Miranda García exigió al partido proceder también en contra de 13 colaboradores de Roberto Borge “quienes por su actuar como servidores públicos emanados del PRI 2011-2016, dañaron la imagen del partido y atentaron contra el proceso de reconstrucción de la unidad interna, propiciando derrotas dolorosas y humillantes para el priismo.”.
“Lo que sí ha generado una mala imagen es el comportamiento de los funcionarios públicos, eso sí se debe investigar y el PRI es el primer obligado a darlo a conocer porque han sido acusados de nepotismo, enriquecimiento y pesado en el ánimo electoral. Muchos priistas exigen que esos funcionarios den la cara porque es muy fácil culpar al gobernador Roberto Borge pero en realidad la derrota fue culpa de todos los prisitas en el estado. Todos tuvimos qué ver en la derrota de nuestro partido”.
Miranda dijo que en el ánimo electoral pesaron también selección de candidatos y el trabajo del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz.
“Habría que llamar a cuentas a todos aquellos que abonaron a la división interna del priismo y también a Ulises Ruiz, responsable de garantizar la equidad en el proceso interno, que hizo todo menos operar a favor de la unidad”, sentenció.
El priista dijo que ante las decisiones de Ulises Ruiz, decenas de militantes trabajaron para el candidato opositor, incluso desde posiciones de gobierno: “La traición fue mayúscula, la traición del PRI fue evidente con la selección del candidato, el encontronazo de Roberto Borge con el licenciado Carlos Joaquín, desgastaron al PRI. Todas esas cuestiones se pagan y la factura la pagó el PRI con la gubernatura”.
La solicitud de expulsión formal del consejero nacional Armando Barajas recibió entrada el 21 de julio e incluye también a los gobernadores Javier Duarte, de Veracruz y César Duarte Jáquez, de Chihuahua.
El requerimiento por parte del consejero estatal para expulsar a los colaboradores de Borge ingresó al partido el 22 de marzo y el 17 de mayo de este año.
Hasta ahora, la dirigencia nacional no ha respondido.
¿De qué se acusa a Borge?
1. Entre las polémicas que ha enfrentado su gobierno, está el nivel de endeudamiento por más 22 mil 442 millones de pesos que hereda a su sucesor, Carlos Joaquín González y que convierte a Quintana Roo en el estado con la mayor deuda por habitante, de acuerdo con el reporte Deuda Pública de Entidades y Municipios, elaborado por la Secretaria de Hacienda.
2. También fue señalado de brindar protección a una red de funcionarios públicos dedicada a despojar de propiedades a particulares, los cuales vendía a mitad de su valor.
3. El director del semanario local, “Luces del Siglo”, Agustín Ambriz, señalo al Gobierno Estatal como el responsable de clonar 40 ediciones digitales de la empresa y sustituir el contenido de la publicación con boletines y noticias favorables para la administración.
4. El gobernador priista fue señalado por sus opositores por promulgar leyes anticorrupción que supuestamente pretendían protegerlo una vez acabado su mandato. El asunto generó la intervención del gobierno federal mediante una acción de inconstitucionalidad.
5. La desaparición de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo en la entidad (UVTAIP), que de acuerdo con la administración dejó de ser un órgano descentralizado y pasó a ser una Coordinación de la Secretaría de la Gestión Pública.
6. El proceso por sabotaje en contra del periodista Pedro Canché que lo mantuvo nueve meses en prisión y que derivó en la recomendación de la CNDH por violaciones a la libertad de expresión y seguridad jurídica que el gobierno de Borge tardó meses en aceptar.
OVM
