Al considerar que las autoridades municipales y estatales no redistribuyen adecuadamente los recursos federales que reciben para apoyar a grupos vulnerables, la representante de la asociación "Andar y Rodar", Rosy Morales, presentó una iniciativa que busca sancionar a quienes no bajen correctamente este dinero.
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Posterior a la entrega del documento en la Oficialía de Partes del Congreso local, la vocera explicó que durante el año pasado se retuvo un total de 21 millones de pesos destinados para programas de apoyo para personas con capacidades diferentes, adultos mayores y mujeres.
Rosy Morales explicó que según el censo del INEGI en Nuevo León existen 180 mil personas con discapacidad, de los cuales un 53 por ciento padecer algún impedimento motriz.
Lamentó que con dicho recurso se pudieron haber realizado proyectos en materia de accesibilidad para las instalaciones de Metrorrey, espacios públicos o transporte urbano, así como un Centro de Rehabilitación en el DIF de Nuevo León.
"Dentro de la cadena de la accesibilidad, el transporte público es de lo más importante sin él las personas no pueden salir de su casa, no pueden ir a los hospitales, al médico, a sus rehabilitaciones", comentó.
Por este motivo buscarán modificar la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y municipios de nuevo león con el fin de que se sancione a quienes no aplican los programas.
"(Pedimos) que se sancione a los servidores públicos, responsables de no bajar los recursos (...) Es dependiendo del programa y de la secretaría, puede ser la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría del Economía y Trabajo, el DIF, Desarrollo Social, principalmente la del Transporte, porque este fondo es para el transporte público", refirió.
KDSC
