Por acuerdo unánime de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados los juicios de desafuero de Tarek Abdalá y Alberto Silva, ambos ex funcionarios del gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, serán sometidos a consideración de la Mesa Directiva para su posible votación ante el pleno, toda vez que fueron dictaminados en sentido negativo por la instancia jurisdiccional y hubo empate durante su votación.
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En entrevista, el presidente de la Sección Instructora, el priista Ricardo Ramírez Nieto, detalló que luego de tres empates en la votación de los cuatro integrantes de la instancia, se acordó que la Mesa Directiva someta a votación del pleno el dictamen que resolvió como improcedente los juicios de desafuero del ex tesorero de Veracruz, Tarek Abdalá, y el ex vocero del gobierno de Duarte, Alberto Silva.
En tanto, en conferencia de prensa, los también integrantes de la instancia jurisdiccional, el panista Juan Pablo Piña y el perredista Omar Ortega, afirmaron que el pleno definirá si procede o no el desafuero de los veracruzanos, esto, con fundamento en artículo 111 de la Constitución Política.
Dicho ordenamiento establece que para proceder penalmente contra legisladores y otros funcionarios “la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay o no lugar a proceder contra el inculpado”.
Tarek Abdalá, diputado federal priista y ex funcionario del gobierno veracruzano es acusado por la Fiscalía General de Veracruz de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, además del desvío de más de 23 mil millones de pesos, durante su gestión como tesorero de la administración de Duarte.
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En tanto, Alberto Silva es acusado por la misma Fiscalía de ordenar pagos a medios de comunicación y no reportar los gastos ante el Congreso local, que ascienden a mil 459 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2014 y por 108 millones 721 mil pesos en 2016, lo que da un total de mil 567 millones, 771 mil 359 pesos, los cuales se presume fueron desviados de recursos públicos, debido a que no había etiquetado ni suficiencia presupuestaria.
JASR
