El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Álvaro Ibarra, anunció que apoyarán el proyecto de gestionar 900 millones de pesos para el proyecto estatal de ampliar los centros de readaptación.
Expresó que no tiene duda que se requiere un nuevo penal, como lo citó el vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, pero que el propio Gobierno actual optó por la opción de ampliar uno de los ya existentes.
“No hablan de un nuevo penal, hablar de una reestructura de un penal para ampliarlo. Hablaron con nosotros que estamos metidos en el tema de seguridad, somos miembros de la Comisión de Justicia y Seguridad, donde hablaron con nosotros para ver si podíamos apoyarlos con un recurso para ampliar un penal de los ya existentes.
“No conocemos el proyecto, quedaron en el Gobierno Estatal de presentárnoslo, que no tengan la menor duda que nosotros vamos a buscar esos recursos, sí es viable, lo vemos viable”, declaró.
Por otra parte, el legislador se mostró satisfecho, luego de la votación unánime con que fue aprobada la Ley de Desaparición Forzada en el Pleno de la Cámara de Diputados.
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La legislación, que sería la primera a nivel mundial contra este tipo de delito, marca que podrían alcanzar penas de 40 a 60 años de prisión los servidores públicos que participen en este crimen deleznable.
“Son de las pocas leyes que se votan por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, tener la ley es un logro a favor de muchas familias que están pasando por ese dolor de perder un familiar.
“Aquí yo agradezco a la hermana Consuelo que es una pieza clave. Le dimos prioridad al tema, desde mi punto de vista es o será la ley más importante a votar en la Cámara de Diputados en este periodo, a parte del Presupuesto”, comentó.
Por su parte, el diputado local del PRI, Héctor García, coincidió con el vocero de Seguridad del Estado, Aldo Fasci Zuazua, en que se debe de construir un nuevo penal, sin embargo, señala que deben definir qué van a hacer con la situación que tienen actualmente.
Comentó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debe de hacer un llamado para que la Comisión Interamericana envíe un supervisor para revisar la situación de los penales y tener claridad de lo que está pasando.
Para revisar el funcionamiento de los centros de readaptación, consideró que se puede designar una comisión mixta compuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía Anticorrupción, además de la Secretaría de la Auditoría Federal.
“Hay que ver si están siguiendo los protocolos de seguridad en los penales que también tiene que ver con un tema de responsabilidades a los funcionarios, yo creo que puede ser una comisión mixta”, declaró.
