El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas a las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el fin de homologar los requisitos para los consejeros independientes de esas empresas y evitar conflictos de interés, faltas administrativas o hechos de corrupción.
Con 359 votos a favor, 54 en contra y tres abstenciones, los diputados federales aprobaron la propuesta del Ejecutivo Federal y turnaron el proyecto al Senado para su discusión.
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Las modificaciones a las leyes de las empresas productivas del Estado mexicano impiden a los consejeros independientes mantener una “relación comercial importante” con Pemex o CFE (equivalente a más de uno por ciento de las ventas totales o activos), sea como cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor, acreedor o representante legal de la persona moral involucrada.
Tampoco podrán tener parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado con empleados de Pemex o CFE, auditores externos o aquellos que mantengan relaciones comerciales importantes con dichas empresas.
Para ser designados, los consejeros independientes deberán manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que sus demás actividades profesionales les permitirán contar con el tiempo suficiente para desempeñar sus encargos.
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Las leyes de Pemex y CFE mantienen vigente como requisito para los consejeros independientes no haber sido servidor público de cualquier nivel de gobierno ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, en los dos años inmediatos anteriores al día de la designación.
Asimismo incluyen modificaciones para armonizar las marcos legales con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y leyes relativas en materia de combate a la corrupción.
Prevén por ello que los directores generales de las empresas implementarán un sistema para prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes los actos y omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción.
Actualizan igualmente las atribuciones de las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, por lo que se hace una remisión a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
OVM
