El Consejo General autorizó al presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), solicitar información sobre los programas sociales que están en trámite o se implementarán en la entidad durante el proceso electoral 2016-2017 para garantizar el uso correcto de los recursos públicos, sin fines electorales.
Con este recurso se exhorta a todas las autoridades federales, estatales y municipales que los operen a no utilizarlos para fines distintos al desarrollo social y esperan recibir los reportes de estas acciones a partir de la segunda semana de enero, cuando concluya el periodo de asueto.
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El presidente del IEEM, Pedro Zamudio, informó que esto tiene como objeto garantizar las condiciones propicias para que las elecciones se den en un ambiente de legalidad y los 11 millones de electores puedan acudir a las urnas para votar en total libertad, sin presiones ni coacciones.
Sin embargo reconoció que el pedir información no obliga a las autoridades a atender la petición. "Se va a solicitar la información de inmediato, pero estamos en un periodo vacacional administrativo por lo cual la información de regreso la tendremos hasta el otro año".
En el acuerdo establecieron que la información entregada por las autoridades será turnada a todos los integrantes del Consejo y en los oficios que el IEEM envíe les dejarán claro que en la entidad y el país existe un amplio marco normativo para regular y sancionar acciones indebidas.
Los representantes de los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, Morena y de la Revolución Democrática consideraron que esto puede ser solo un "llamado a misa" pero esperan abone a garantizar la legalidad en el proceso, el cual se ha ido enturbiando cada vez más.
El representante del PAN, Alfonso Álvarez Malo, dijo que en los últimos meses se han presentado varias acciones contrarias a la ley, por lo cual propuso no sólo pidan información sino aperciban a las autoridades y les dejen claro las sanciones por violentar la norma electoral.
El consejero Gabriel Corona aseveró que el voto debe respetar la voluntad popular, sin coacciones ni presiones, lo cual implica no haya injerencia indebida a través de los programas sociales, porque lucrar con los votos es ilegal y debe ser acotado.
RAM