El juzgado Tercero Penal Federal en Nuevo León admitió una denuncia contra el director de la Unidad de Antisecuestros, Héctor Chapa, por presuntamente ocultar evidencias y llamadas telefónicas en el caso del empresario Agustín Villarreal Budnik, quien fue presuntamente secuestrado por ministeriales por órdenes de su hermano y padre.
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Uno de los dueños y director general de la empresa Ladrillera Mecanizada, SA de CV, informó a MILENIO Monterrey que les fue notificada esta admisión por parte del juez Zenaido Orozco Contreras, ante una denuncia que había sido presentada, pero que no prosperó porque el funcionario respondía que no contaba con la información, mintiéndole a la autoridad judicial.
"Se admitió por el Juzgado Tercero Penal federal en el estado el 26 de abril de 2017, una denuncia por repetición de acto reclamado por ocultar evidencias debido a la negativa tras haber solicitado como prueba (del secuestro) una sábana de llamadas del señor Agustín Villarreal Elizondo y su hijo Isaac Adrián Villarreal Budnik, para el efecto de cotejar con los celulares de los secuestradores.
"Porque además del retardo en entregar esa sábana de llamadas o información, la autoridad lo negó y retardó la investigación por la probable participación de ministeriales y de mi papá Agustín Villarreal Elizondo y mi hermano Isaac Adrián Villarreal Budnik, fue un retardo en la entrega de la sábana de llamadas de casi cinco meses por parte del director de la Unidad Antisecuestros, Héctor Chapa", dijo.
El director de Ladrillera Mecanizada narró que el 23 de septiembre del 2016 enteró vía e-mail al director de la Unidad Antisecuestros sobre el teléfono y la información que contenía éste, por lo que sería enviada mediante paquetería.
Por ello, la oficina del Procurador recibió el día 25 de noviembre del 2016 la información que tuvo durante cuatro días.
El 29 de noviembre 2016, recordó el empresario, esta información la recibió el director de la Unidad Antisecuestros, y la demoró en entregarla hasta que lo hizo apenas el 7 de abril de 2017 a sus abogados.
"Es por eso que la Unidad Antisecuestros, a través de su director Héctor Chapa, encubrió durante aproximadamente cinco meses esa información la cual se presume fue alterada en esos meses por este funcionario", señaló Agustín Villarreal Budnik.
Este miércoles, MILENIO Monterrey reveló que la Procuraduría General de Justicia asignó dos elementos de Seguridad Pública al empresario como primera medida de protección asignadas a una víctima de secuestro en el nuevo sistema de justicia penal.
En enero de 2016, Villarreal Budnik denunció ante la Procuraduría que fue secuestrado y golpeado durante dos días por supuestos hombres que se identificaron como elementos de la Policía Ministerial, quienes exigían un monto de 20 millones de dólares para no matarlo.
Sin embargo, acusó a su padre y a su hermano de estar detrás de este plagio.
Desde el 2001, el empresario ha estado involucrado en un entramado legal familiar que incluye demandas laborales y acusaciones por amenazas, fraude, daño moral y físico e incluso secuestro por parte de su padre y hermano.
Esta tragedia familiar empezó hace 16 años con un juicio de divorcio de los padres y la disputa por las propiedades de la compañía Inmobiliaria Torrevillas, ubicada en San Pedro, filial de Ladrillera Mecanizada y Laminados de Barro, dirigidas hasta el 2010 por Villarreal Elizondo, pero que tuvo presunta injerencia con argucias legales, que generó la solicitud de remates de estos terrenos.
