A cinco meses de que se concrete la primera fase de la reforma judicial, en los juzgados de distrito, tribunales colegiados y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se retrasarán resoluciones de casos de alto impacto, debido a que se renovarán 881 cargos.
Entre los temas que quedarán pendientes en la Corte y que es poco probable que se analicen, está el conocido como 'viernes negro' y que tiene que ver con las reformas aprobadas fast track por Morena y sus aliados el 28 de abril de 2023, en las que la oposición impugnó la violación al proceso legislativo.
Asimismo, el tema de la prisión preventiva, proyectos en lo que se iba analizar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual condenó al Estado mexicano porque considerar que la citada medida cautelar es inconvencional.
También destaca el tema de la doble tributación que involucra a empresas maquiladoras, las cuales se oponen a pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el doble del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por productos que reciben en México y que después de ser maquilado es entregado en el extranjero para su venta final.
Es de mencionar que, a partir de abril y mayo, el pleno de la Corte solo sesionará dos días por semana; en junio y agosto lo hará una vez por semana. Lo anterior, para dar continuidad al proceso de transición por la nueva conformación de ministros que llegará el próximo 1 de septiembre.
En pausa, desde el caso Ayotzinapa hasta los procesos por Odebrecht
Mientras tanto, en juzgados y tribunales colegiados se atorará el caso Ayotzinapa, particularmente, los procesos que tienen que ver con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes están a la espera de recibir sentencias.
De igual manera, los procesos del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, señalado de presuntamente “fabricar” la denominada “verdad histórica” y por supuestos delitos de tortura contra integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, asuntos en los que no ha podido ser acusado formalmente.
Además, se dilatarán los procesos iniciados contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en los asuntos Odebrecht y Agronitrogenados, éste último que todavía arrastra el ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.
Igualmente, está pendiente de resolución el proceso que se le sigue a Ramón Sosamontes Herreramoro, ex colaborador de la ex secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, quien fue imputado por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por suscribir un contrato de manera indebida por 353 millones de pesos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), en el caso denominado la Estafa Maestra.
Otro tema que se presume se alargará es la del presunto líder de la banda de secuestradores de Los Zodiaco, Israel Vallarta Cisneros, ex pareja sentimental de la francesa Florence Cassez, quien lleva 19 años preso y está a la espera de recibir sentencia.
En la misma situación se encuentra Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta, hermano y sobrino, respectivamente, de Israel Vallarta, quienes junto con los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados buscan recobrar su libertad y que se juzgue por su probable responsabilidad en el delito de tortura al ex director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino.
Roemer, Duarte y Wallace, asuntos pendientes de resolución
En el ámbito federal, también continuará la revisión de los amparos promovidos por los ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua, Javier Duarte y César Duarte, respectivamente, por los casos iniciados a nivel local en sus entidades.
Entre los asuntos que también estarán pendientes de resolución destacan el del presunto líder de la banda de la Riviera Maya, Florian Tudor; del ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y ex titular del Instituto de la Vivienda (INVI), Raymundo Collins Flores, quien litiga a través de amparos las órdenes de aprehensión libradas por jueces locales a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Del mismo modo se atrasarán las resoluciones en los amparos promovidos por el escritor y ex diplomático, Andrés Roemer, quien busca que se tumben las órdenes de aprehensión libradas en su contra por presuntos delitos de violación, ya que está por definirse si Israel concede su extradición a México.
Además del caso del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, señalado por su probable responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho. Él se encuentra en libertad bajo ciertas medidas cautelares.
Y otro de los temas que llama la atención es el de los presuntos involucrados en el secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista fallecida, Isabel Miranda de Wallace. Una de las supuestas involucradas, Brenda Quevedo, también está a la espera de recibir sentencia.
Cabe señalar que uno de los motivos por los cuales los asuntos se atrasaron en su resolución, tiene que ver con la suspensión de labores en juzgados y tribunales federales que inició en agosto de 2024 en protesta por la reforma judicial y que se prolongó hasta noviembre del mismo año.
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