El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos, presentó un proyecto de dictamen sobre el mando mixto policial que, entre otros aspectos, prevé la imposición de sanciones administrativas, políticas y penales a gobernadores y alcaldes que incumplan su responsabilidad en materia de seguridad o entren en franca complicidad con el crimen.
Sin modificación alguna de la minuta enviada por el Senado de la República, el predictamen considera la concentración del mando policial en los gobiernos estatales cuando así se justifique, mientras que los ayuntamientos con instituciones de seguridad certificadas podrán conservar la función y el presupuesto correspondiente.
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Ramos subrayó que en las actuales condiciones sólo 200 de los más de 2 mil 400 municipios del país mantendrían el mando de la fuerza pública, aunque en ellos se concentra 60 por ciento de la población nacional.
El proyecto redactado por el legislador panista será puesto a consideración de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública en el Palacio de San Lázaro con la expectativa de ser votado durante el mes de marzo.
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En entrevista, el diputado Ramos enfatizó la urgencia de aprobar una reforma constitucional para limpiar la corrupción de las policías municipales y estatales, a fin de que los gobiernos locales asuman su responsabilidad en seguridad pública y no se utilice más al Ejército y a la Marina de manera arbitraria y sistemática para tareas de seguridad pública.
"Estamos previendo que haya sanciones de carácter administrativo, político y penal, es decir, que no haya un alcalde que falle a su compromiso o se ponga en contubernio con el crimen que no pague las consecuencias, porque parte de que no hayamos en diez años podido sacar la seguridad en este país es porque alcaldes se han echado a la hamaca, se han puesto en la comodidad o de plano están en franca colaboración con los criminales", puntualizó.
SBG
