La presidenta del Centro Empresarial de Durango, Mayté Vivó Prieto, expresó que en aras de abonar a la transparencia y a un auténtico combate a la corrupción del Estado, la revisión de las finanzas públicas de las pasadas administraciones debe hacerse a fondo, debidamente sustentada y apegadas a la ley, sin afanes de carácter político o por ajuste de cuentas.
Expresó que la transparencia en el ejercicio público, debe ser el sello de las nuevas autoridades gubernamentales estatales y municipales, de ahí que se hace un llamado a actuar con responsabilidad y con estricto apego a la ley en los casos en donde las investigaciones y auditoría realizadas compruebe la existencia de irregularidades.[OBJECT]
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Vivó Prieto destacó que cuando se cuenten con todos los elementos se debe proceder conforme a la ley contra el ex funcionario presunto responsable, pero en todo momento respetar los derechos que le otorga la ley para exponer lo que a sus intereses convenga.
Ya que se trata solamente de un indiciado que debe responder por lo que se le imputa y sólo corresponde a las instancias judiciales determinar su situación jurídica.
Llamó a que se actúe con responsabilidad y con justicia en todos y cada uno de los casos en los que se detecten irregularidades, y así evitar linchamientos mediáticos o hacer juicios sumarios. Pero al mismo tiempo, que los responsables del quebranto de las finanzas públicas respondan por sus actos y se fijen los mecanismos para la restitución del daño.
Destacó, que la sociedad demanda un Durango sin corrupción, donde se privilegie la transparencia y el combate a la impunidad, porque ya es tiempo que la responsabilidad de la función pública se ciña a principios de carácter ético, morales, de justicia y legalidad.
"Ojalá la cascada de declaraciones sobre irregularidades en el Gobierno del Estado y en varios municipios, se traduzcan en investigaciones serias que concluyan en procesos formales ante las instancias judiciales correspondientes y no se vayan a quedar solamente en declaraciones mediáticas o en negociaciones de índole político".
dcr
