En un hecho insólito, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez federal una orden de aprehensión contra un subsecretario de Estado en funciones, en este caso contra Arturo Escobar y Vega, titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), lo que derivó en su separación del cargo.
El agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) determinó ejercer acción penal contra Escobar por delitos electorales que presuntamente cometió cuando era dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el contexto del proceso electoral de este año.
Tras conocer la acusación en su contra, Escobar anunció su separación del cargo, con el “objetivo de facilitar el adecuado curso de las investigaciones y de contribuir a que el proceso se conduzca con absoluta transparencia”. Asimismo rechazó las imputaciones en su contra.
La Fepade también pidió una orden de aprehensión contra al ex secretario de Desarrollo Social de Colima Rigoberto Salazar Velasco por ejercer supuesta coacción del voto hacia sus subordinados en favor del PRI durante el pasado proceso electoral para elegir gobernador, comicios que fueron anulados.
En el contexto de la misma elección, sobre la indagatoria relacionada con la alteración del listado nominal en Colima, también se ejerció acción penal contra los abogados de quien fuera candidato a gobernador por el PAN Jorge Luis Preciado.
LA INDAGATORIA
Las denuncias contra Escobar fueron interpuestas en marzo y abril pasados por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.
De acuerdo con la indagatoria de la Fepade, el delito que se le imputa a Escobar es la celebración, en junio de este año, de un contrato con una compañía para expedir tarjetas de descuento a cambio de votos.
Según la fiscalía que encabeza Santiago Nieto Castillo, el ex dirigente partidista acordó la entrega de 10 mil tarjetas Premia Platino para ofrecer descuentos en miles de establecimientos.
La tarjeta empezó a ser recibida en los domicilios de personas afiliadas al PVEM y en hogares de quienes no militan con el partido, esto antes y después de los comicios en los que se eligió a 500 diputados, nueve gobernadores, 641 diputados locales, 993 ayuntamientos, 20 juntas municipales y 16 jefes delegacionales.
La Fepade también solicitó la aprehensión de la apoderada legal de Proyectos Juveniles SA de CV, Luisa María Robles Ponce, compañía que entregó las tarjetas al PVEM, ya que la empresa no cuenta con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
El ilícito del que se acusa a Escobar está previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que textualmente señala: “Se impondrá de mil a cinco mil días de multa y de cinco a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.
“La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”.
LA DENUNCIA
PAN y PRD denunciaron la distribución de las tarjetas Premia Platino en todo el país.
Las tarjetas ofrecían descuentos en más de 8 mil establecimientos y fueron entregadas en miles de domicilios, acompañadas de una hoja color verde con los logotipos del PVEM en la que se lee: “¡Muchas gracias!, muy pronto recibirá información de nuestro trabajo”.
En este sentido, los partidos aseguraron que con la entrega de estas tarjetas de descuento a través de la empresa Proyectos Juveniles SA de CV se incurrió en un delito electoral, al haber hecho mal uso de la información contenida en el padrón electoral.
El PAN aseguró haber detectado una coincidencia entre los ciudadanos que resultaron sorteados para fungir como funcionarios de casillas el día de la jornada y quienes recibieron estas tarjetas.
Sobre el tema, el PVEM manifestó su respaldo a Escobar y pidió que no se le criminalice porque hasta el momento no existe alguna orden de aprehensión.
NOMBRAMIENTO POLÉMICO
El 9 de septiembre de este año, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció el nombramiento de Arturo Escobar como titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, designación que generó polémica en diversos sectores de la sociedad.
Escobar coordinó a los diputados del Partido Verde hasta el 31 de agosto, cuando concluyó la anterior legislatura, y se desempeñó como vocero del PVEM y representante del partido en el INE.
:CLAVES
“AN DENUNCIÓ”
El coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, señaló que el blanquiazul denunció con oportunidad las recurrentes violaciones a la legislación electoral por parte del Partido Verde.
Consideró que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales “tiene la gran oportunidad de demostrar que en este país las cosas están cambiando y que el que comete un delito es castigado con todo el rigor de la ley”.
REVOCAN EXONERACIÓN AL PVEM POR CINEMINUTOS
El Tribunal Electoral revocó la sentencia del Instituto Nacional Electoral por la que se exoneraba al PVEM por la subvaluación en la contratación de los cineminutos que se difundieron en todo el país.
Sin mayor discusión, los magistrados de la Sala Superior determinaron que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) no fue lo suficientemente exhaustiva, por lo que el Consejo General deberá emitir un nuevo dictamen al incluir nuevos elementos.
De acuerdo con el proyecto que presentó la magistrada María del Carmen Alanís, la demanda del PAN resultó fundada, ya que la Unidad a cargo de Eduardo Gurza no recabó la información necesaria para determinar la posible sobreevaluación en la contratación de los cineminutos.
Por lo que la unidad técnica deberá allegarse los elementos necesarios para determinar si existió o no la alegada subvaluación respecto de las erogaciones que realizó el partido.
En junio pasado, el Consejo General del INE determinó que el partido no incurría en el supuesto de subvaluación, ya que entre los 420 pesos que reportó el partido que costó cada uno de los promocionales y los 625 que detectó la Unidad no se supera el 33 por ciento de diferencia.
Carta de Arturo Escobar en la que anuncia que se separa del cargo
Con información de: Carolina Rivera/México
