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Viernes , 21.09.2018 / 19:09 Hoy

Tribunal aclarará alcances de sentencia sobre caso Iguala

El Presidente de la República, a través del consejero jurídico de la Presidencia, Misha Granados, pidió aclarar la resolución en la que se ordena crear la Comisión de la Verdad del Caso Iguala.
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El Tribunal Colegiado que ordenó crear la Comisión de la Verdad del Caso Iguala emitirá una nueva resolución para aclarar los alcances de su sentencia en la que amparó, en cuatro juicios, a siete presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.  

Mauricio Fernández de la Mora, presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno de Circuito emitió este martes un acuerdo, luego de que el Presidente de la República, a través del consejero jurídico de la Presidencia, Misha Granados, pidió aclarar la resolución.  

La misma petición la realizó Edgar Romo, presidente de la Cámara de Diputados. “En atención al acuerdo dictado el 19 del mes y año en curso, publicado y notificado el día de hoy, considero pertinente hacer mía (Mauricio Fernández) la solicitud de aclaración planteada en representación del Presidente de la República, así como de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.  

“Lo anterior, a fin de que el Pleno de este tribunal colegiado, esté en aptitud de abordar dichos planteamientos en la próxima siguiente sesión ordinaria; con la precisión de que, la procedencia o no de la aclaración, debe versar no solamente respecto a la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 203/2017, sino también en relación a los diversos 204/2017, 205/2017 y 206/2017, pues todos ellos guardan relación entre sí”, indicó.  

El magistrado consideró que el fundamento legal de tal proceder, se encuentra en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo; “por tanto, salvo su mejor opinión, más que la apertura de un incidente estimo que procede, en su caso, una aclaración oficiosa de la ejecutoria”.

El pasado 21 de junio, la Procuraduría General de la República interpuso un “incidente de imposibilidad real, jurídica y material”, porque consideró que no puede cumplir con el mandato de crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala.  

El incidente de la PGR fue presentando sólo por lo que hace el caso de Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y tres personas más que presuntamente forman parte del grupo criminal Guerreros Unidos, quien obtuvieron la protección de la justicia dentro del juicio de amparo 203/2017, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado con residencia en Reynosa, Tamaulipas.  

Aún falta que la PGR interponga los mismos recursos en los juicios de amparo de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Salvador Reza Jacobo, El Wereke, y Gildardo López Astudillo, El Gil. El escrito y dos anexos de la PGR fue entregado por los agentes del Ministerio Público Federal, Carmen Lucía Sustaita Figueroa e Ignacio Gilberto Silva Hernández.

Sobre este tema, procuradores y fiscales de justicia del país se pronunciaron contra la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala, porque señalaron que no es la autoridad facultada y sólo provoca una afectación al orden jurídico nacional.  

La resolución de Colegiado ordenó reponer el procedimiento contra los acusados y que peritos independientes les practiquen el Protocolo de Estambul.  

Las personas mencionadas fueron señaladas por la PGR de ser los principales responsables del secuestro, homicidio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyos cuerpos fueron calcinados y sus cenizas lanzadas al Río San Juan, en Cocula, Guerrero.  

En la sentencia, el Tribunal Colegiado enfatizó que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala se conformará por los representantes de las víctimas (familiares de los estudiantes desaparecidos), la CNDH y el Ministerio Público de la Federación.  

Los fiscales y personal de la PGR que pasen a formar parte de la comisión investigadora, precisa el fallo, deberán ser distintos a los que han participado previamente en el presente caso.  

En la sentencia se cita que todo oficio o determinación que se emita para su validez deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y de la CNDH

Las diligencias incluso podrán ser practicadas en las instalaciones del organismo de derechos humanos.  

También puntualiza que los peritos que participen en la comisión deberán ser independientes y pertenecer a instituciones públicas o privadas.


jbh

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