Sentencian a cuatro policías por caso Tlatlaya

Gabriel Pineda, Eulalio Hernández, Isabel Patricio Siles y Jesús Antonio Vega deberán pasar tres años y ocho meses en prisión por violentar los derechos de tres testigos de la masacre.
PGJEM, FGJEM, Procuraduría Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Fueron destituidos de sus puestos como servidores públicos. (Archivo)

Toluca

Un juez sentenció a tres años y ocho meses de prisión a cuatro de siete policías ministeriales acusados del delito de tortura contra tres mujeres sobrevivientes de la masacre registrada en 2015 en Tlatlaya.

El funcionario encontró elementos suficientes para considerarlos responsables de este delito, con modificativa de agravante de cometerse por dos o más personas y por ello los sentenció además a pagar una multa superior a 100 mil pesos en cada caso.

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Además fueron destituidos de sus puestos como servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia de la entidad y les impuso el pago de la reparación de daño moral y material causado a las víctimas. Por esto deben desembolsar 13 mil 980 pesos.

Los cuatro sentenciados son Gabriel Pineda Guerrero, Eulalio Hernández Martínez, Isabel Patricio Siles González y Jesús Antonio Vega Vázquez, quienes optaron por un juicio abreviado. Los tres restantes continúan sujetos a proceso y todavía no hay fecha para determinar si hay o no responsabilidad.

Al optar por el procedimiento abreviado, reconocieron los hechos que les imputaron y esto les otorgó cierto beneficio a su pena, a diferencia de lo que pudiera pasar con el resto.

En la masacre de Tlatlaya murieron 22 personas. Las víctimas de tortura son tres mujeres que fueron testigos presenciales, para las cuales la Procuraduría definió una indemnización por los daños que estas acciones les causaron, a la cual renunciaron.

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Los elementos policiacos estaban libres bajo caución luego de que cubrieron una fianza de 60 mil pesos cada uno, esto debido a que el delito no es considerado grave en la legislación mexiquense.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que hubo maltrato físico y psicológico contra las víctimas para obtener información relacionada con los agredidos.


MCLV