Hace 11 años, tres indígenas otomíes fueron detenidas y pasaron tres años en prisión por un delito que no existió. Tras su liberación, vino la lucha por quitarse el estigma de haber estado presas.
Hoy, el procurador general de la República, Raúl Cervantes, hizo lo que sus predecesores evitaron durante años con varios recursos legales: ofreció una disculpa pública y reconoció su inocencia.
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Aquí un recuento del caso:
Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio eran vendedoras en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, hasta que un supuesto operativo antipiratería las llevó a prisión.
El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), sin identificación ni uniforme, se presentaron en el tianguis de esa localidad queretana y con lujo de violencia decomisaron la mercancía de varios comerciantes, alegando que era piratería.
Ante la protesta de los tianguistas que exigían el pago de su mercancía, el jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río acudieron al lugar y pagaron en efectivo de los daños ocasionados por los agentes federales.
Aproximadamente a las 7:00 de la tarde de ese domingo, todos los elementos de la AFI dejaron la comunidad. En ningún momento fueron agredidos ni incomunicados.
Cinco meses después, el 3 de agosto, Jacinta fue detenida al bajar de un taxi, Alberta en su trabajo y Teresa en su casa. En la ciudad de Querétaro, las tres fueron presentadas ante el Ministerio Público como responsables del secuestro de los seis agentes de la AFI.
Una fotografía del operativo realizado en marzo por los agentes de la AFI, difundida en un medio local y en la que Jacinta aparece como espectadora, fue utilizada como prueba en su contra.
Las tres mujeres fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto.
Más de dos años después de su detención y tras un proceso penal poco riguroso, que incluyó pruebas fabricadas y testimonios falsos, el 19 de diciembre de 2008 Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión y al pago de 2 mil días de multa. Un mes después, Teresa y Alberta recibieron la misma sentencia; a esta última se le acusó además de posesión de cocaína.
Durante su reclusión Teresa tuvo una hija, Jazmín, quien pasó su primer año de vida en el penal de San José el Alto.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) asumió la defensa de Jacinta porque detectó que se vulneraron sus garantías procesales, nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor (ella no hablaba español) y se le negó el derecho de presunción de inocencia.
El 22 de diciembre de 2008 se presentó la apelación a la sentencia y luego de tres años y un mes presa, el 15 de septiembre de 2009 Jacinta recobró su libertad por las conclusiones de no acusación presentadas por la PGR (desistimiento).
El 28 de abril de 2010, Alberta y Teresa recuperaron su libertad, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a su favor la apelación interpuesta por su defensa.
Jacinta presentó una petición de responsabilidad patrimonial ante la PGR en 2010, Alberta y Teresa lo hicieron en 2011. En ambos casos la Procuraduría negó la reparación.
El Centro Prodh acudió ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA), que en 2013 emitió dos sentencias por separado en las que ordenó el pago de 20 mil salarios mínimos a cada una de las tres indígenas como indemnización por daño moral, así como el reconocimiento de su inocencia en una disculpa pública.
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A través de diversos recursos legales, la PGR se había negado a cumplir la sentencia del TFJA, hasta que hace un año la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó ejercer su facultad de atracción.
En mayo de 2016, la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, aseguró que acataría la sentencia.
Casi once años después de su injusta detención, Jacinta, Alberta y Teresa recibieron del procurador general de la República una disculpa pública y el reconocimiento de inocencia.
RSE
