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Columna de Manuel L. Hallivis Pelayo

¿Qué hacer con el SNA en el nuevo gobierno?

Manuel L. Hallivis Pelayo

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Un propósito fundamental de la próxima administración presidencial y de la nueva legislatura es la lucha contra la corrupción. Seguramente están sorprendidos de que se encontraron un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que no funciona. Las reformas del 27 de mayo de 2015 (constitucional) y del 18 de julio de 2016 generaron en la sociedad la expectativa de que se abatiría la impunidad en forma significativa. Sin embargo, a más de dos años solo se puede decir que los logros han sido menos que discretos, por no decir que nulos.

De los cuatro ejes del SNA, dos ya están empezando a aplicar las reformas: la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, un aspecto importante de la reforma fue que se les quitó la facultad sancionadora, para pasarla al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero hasta ahora no se ha nombrado a los magistrados especializados, lo cual llevó al tribunal a tomar medidas provisionales para poder resolver en el ínterin. Asimismo, después de dos convocatorias tampoco se ha designado al fiscal anticorrupción, lo cual es todavía más decepcionante puesto que, primero, mientras no se designe no entran en vigor las reformas al Código Penal Federal y, segundo, no hay un órgano especializado que persiga esas conductas delictivas. Adicionalmente, el SNA no ha avanzado: por ejemplo, no se han emitido las políticas públicas para el combate a este flagelo ni se han diseñado los instrumentos técnicos necesarios; no se ha coordinado nada ni está operando la plataforma digital nacional. En resumen, solo funciona parcialmente la mitad del SNA, con una muy discreta participación del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

Ante esta falta de resultados, es necesario que la nueva Legislatura pondere qué tan bueno es continuar así o, de una buena vez, hacer las modificaciones que aseguren un inicio exitoso. Muchos han hablado de una segunda versión, un SNA 2.0. Yo considero que no podemos hablar de una segunda versión cuando ni siquiera se ha puesto en marcha la primera. Se deben corregir los errores e indecisiones, fruto de tanto manoseo y falta de voluntad política.

Por mi parte, propongo que: a) Despolitizar al sistema. Todos los nombramientos deben ser conforme a perfil, evitando injerencia de grupos sean políticos, sociales o ciudadanos. b) Dotar de verdadera autonomía al fiscal anticorrupción, por ejemplo, él es quien debe designar a todos sus colaboradores, tener acceso a todas las bases de datos, diseñar y ejecutar todos sus programas y participar en la negociación de los convenios internacionales y con entidades federativas. c) Nombrar a los magistrados especializados en combate a la corrupción, tomando en cuenta que su función es novedosa, puesto que no van a decidir controversias entre particulares y Estado, sino que van a sancionar por infracciones graves, lo que implica saber graduar y recalificar la conducta, aplicando los principios de proporcionalidad, verdad material, presunción de inocencia, etc. d) Asimismo, aunque requiere una reforma constitucional, establecer que el asiento del TFJA en el comité coordinador corresponde al presidente de la tercera sección y no al del tribunal, por razones de conocimiento de los expedientes y autonomía para ejercer esta función. e) Precisar el procedimiento sancionatorio, corrigiendo errores como la falta de audiencia. f) Acelerar el establecimiento de los Sistemas Locales Anticorrupción y su coordinación. g) Generar un sistema adecuado de control de gestión y seguimiento de denuncias, que haga que todas sean eficazmente investigadas y perseguidas. h) Fortalecer el rol del sector privado en el SNA, aprovechando esfuerzos como el de “empresa socialmente responsable”. i) Instrumentar convenios internacionales sobre intercambio de información en materia anticorrupción, no solo en lavado de dinero o tributarias. j) Reforzar la difusión de buenas prácticas gubernamentales. k) Ponderar que aun cuando hasta ahora se permitan sanciones tanto penales como administrativas, porque corren “por cuerda separada”, prever que con la reforma al Código Penal Federal y como las conductas y algunas de las sanciones serán exactamente las mismas, se podría revivir la ya superada discusión constitucional de que ello viola el principio non-bis-in-ídem. l) Reforzar las facultades sancionatorias del Consejo de la Judicatura Federal. m) Perseguir a los “facilitadores”, es decir, los que diseñan u operan mecanismos de corrupción, como pirámides, facturas apócrifas o empresas, incluyendo por supuesto a los testaferros fantasmas. Y, m) Sancionar las “malas decisiones”, aunque no impliquen un beneficio al que las adopte, por ejemplo, invertir mal los recursos, realizar remodelaciones innecesarias o no defender adecuadamente a las instituciones. ¡Cuántas veces se toman decisiones que sin ser desvío de recursos le cuestan mucho a México! Con esto, no solo mejoraría el SNA, sino que se ampliaría su objetivo a una lucha contra toda falta de integridad e ineficiencia.

Los resultados deben ser palpables, directos, contundentes y rápidos. Lo que todos queremos es que se desmantelen redes de corrupción y se llegue hasta el beneficiario último, detectando y sancionando la corrupción donde quiera que esté y al nivel que sea, todo lo cual concuerda con “barrer de arriba hacia abajo”.

A todos nos molesta la corrupción, pero lo que verdaderamente nos ofende es la impunidad. La sociedad no solo quiere que se detecte el incumplimiento, sino que se castigue oportunamente, de forma que cada sanción genere un efecto ejemplificativo multiplicador inhibitorio, que haga que el corrupto y la sociedad perciban que la falta de integridad implica un riesgo, ya que será detectada y sancionada pronta y contundentemente, eliminando los incentivos al incumplimiento, al hacerlo gravoso. ¡Que no se tolerará más la corrupción! Esto contribuirá a que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones, en beneficio de un México en el que prive el Estado de Derecho y por tanto sea más justo, preparado para las transformaciones y mejorías que emprenderá el nuevo gobierno.

Magistrado de la Sala Superior del TFJA

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