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Columna de Manuel L. Hallivis Pelayo

¿Venganza, perdón o combate a la corrupción?

Manuel L. Hallivis Pelayo

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El pasado 13 de octubre, el Presidente electo comentó que no necesita legitimarse metiendo a la cárcel a políticos corruptos, que se va a concentrar en transformar al país y que no va hacer lo que se hizo antes de empezar a meter a la cárcel a dos o tres políticos y ya; y planteó: “¿Qué es más importante, andar persiguiendo a políticos corruptos o transformar a México? Coincido en su totalidad con estos planteamientos. Tenemos ejemplos de sexenios locales que iniciaron cacerías de brujas, por venganza o por convicción, y se pasaron todo su periodo dedicados solo a ello, y sus resultados de gobierno fueron nulos.

Como comenté en MILENIO Diario el pasado 27 de septiembre, un propósito fundamental de la próxima administración presidencial y de la nueva legislatura es la lucha contra la corrupción y seguramente están sorprendidos de que se encontraron un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que no funciona.

Como parte del proceso legislativo que inicia en 2013 para crear el SNA se realizaron análisis multidisciplinarios especializados en los que se coincidió en que el combate a la corrupción no había funcionado porque hasta ese momento habían sido acciones aisladas (como comentó el Presidente electo: en muchos casos se conformaron con meter a la cárcel a un par de políticos prominentes y con ello tranquilizar a la sociedad) y no había un esfuerzo coordinado de todas las instituciones involucradas. Fue por ello que se escogió un modelo sistémico.

Ojalá que quienes acompañen al Presidente en estos próximos años, con la legitimidad (y fuerza política) que tienen al haber ganado con una votación tan significativa, tengan la voluntad política de hacer realidad el SNA. Por principio de cuentas, creo que se puede corregir mucho con un golpe de timón adecuado y algunas precisiones de carácter legal. Los errores en el SNA fueron fruto de tanto manoseo, indecisión y modificaciones de última hora, además de la politización de las designaciones, que hicieron que hasta hoy no funcione.

Otro tema es fortalecer el rol de la sociedad en el SNA. El nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá obliga a las empresas a evitar pagos de facilitación y sobornos, adoptar códigos de ética, tomar medidas de control interno y llevar sistemas de contabilidad abierta, e instrumentar políticas de integridad y evitar malas prácticas. Ahora bien, otro tema es no perseguir injustas venganzas políticas, que solo resultan en chivos expiatorios, que muchas veces ni culpables son. Los esfuerzos deben concentrarse en desmantelar redes de corrupción, detectando y sancionando la corrupción donde quiera que esté y al nivel que sea, todo lo cual concuerda con “barrer de arriba hacia abajo”.

Obvio que nadie quiere venganzas que de nada ayudan, pero lo que sí es necesario es que no se abandone el esfuerzo anticorrupción. Con modificaciones como las que comenté en este mismo espacio hace un mes, se lograrán resultados en el sentido que la sociedad desea. Es importante que se persiga tanto a los beneficiarios últimos (la parte más alta de la red), como a los “facilitadores”, es decir, prestadores de servicios que diseñan u operan mecanismos de corrupción, como pirámides, facturas apócrifas o empresas fantasma, incluyendo, por supuesto, a los testaferros y a los encubridores, dificultando con estas acciones de vigilancia los hechos de corrupción. También es necesario emprender una verdadera tarea de simplificación, desregulación, gobierno digital y eliminación de subjetividad en los trámites, entre más complejos, subjetivos y difíciles son los trámites, mayor oportunidad se da a la corrupción.

A todos nos molesta la corrupción, pero lo que verdaderamente nos ofende es la impunidad. La sociedad desea que se castigue la corrupción contundente y oportunamente, de forma que cada sanción genere un efecto ejemplificativo multiplicador inhibitorio, que haga que el corrupto y la sociedad perciban que la falta de integridad implica un riesgo, ya que será detectada y sancionada, eliminando los incentivos al incumplimiento, al hacerlo gravoso.

Recientemente me tocó presidir un panel en la novena reunión mundial de jueces tributarios realizada en Canadá. Me llamó la atención que dos de los siete jueces (ambos europeos, uno de ellos ministro) se sorprendieron ante la exposición de algunos compañeros, incluido yo, de que en nuestros países nuestra información patrimonial y financiera era pública. Su molestia, comentaron, fue porque la sociedad confiaba plenamente en ellos y no era necesario presentar declaraciones, ni nada por el estilo. Yo, contrario a ellos, considero que la rendición de cuentas es un ejercicio necesario, pero la moraleja que obtengo del disgusto de mis compañeros me hace desear que llegue el momento en que todas las instituciones públicas del país recuperen la confianza del pueblo en ellas y uno de los caminos es un SNA que funcione plenamente.
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*Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

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