La sede de la constructora brasileña Odebrecht en Caracas fue allanada por militares para investigar los supuestos sobornos que la empresa pagó a funcionarios venezolanos con el fin de obtener contratos de obras públicas, informó la Fiscalía.
"El Ministerio Público coordina y supervisa el allanamiento a la sede de Odebrecht en Caracas, como parte de la investigación sobre presuntas irregularidades que se habrían suscitado con las contrataciones de la empresa brasilera", señaló un comunicado, que no reportó capturas.
La Fiscalía dijo que con el operativo -en el que intervinieron efectivos de contrainteligencia militar- pretende "determinar si las obras para las cuales fue contratada esta compañía están culminadas".
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Además, busca "determinar cuál sería el destino del dinero cancelado por las mismas" y "corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones", agregó el organismo.
La Fiscalía confirmó el 26 de enero haber solicitado información sobre el caso al Ministerio Público de Brasil, y una orden de captura internacional contra una persona no identificada, supuestamente vinculada al escándalo.
El presidente Nicolás Maduro pidió el domingo a la Fiscalía y al Poder Judicial encarcelar a quienes recibieron sobornos de la constructora.
El mandatario aseguró este martes que "hay un gobernador involucrado en el caso de Odebrecht" que podría ir preso, aunque no dio su nombre.
"De repente va preso porque recibió dinero ilegal de Odebrecht, ese señorito. Después no vaya a decir que es perseguido. El recibió un poco de dólares, millones", agregó.
El diario The Wall Street Journal vinculó al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, con el caso, pero el dirigente opositor negó cualquier implicación.
"Pretenden convertirme a mí en el chivo expiatorio. Todas las obras inconclusas fueron contratadas por el gobierno. Este servidor jamás ha firmado un contrato con Odebrecht", dijo Capriles este martes a través de Periscope.
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Sobre el allanamiento a la sede de la constructora, el dos veces candidato presidencial afirmó que se realizó "para destruir documentos o sembrar documentos, ya que no se permitió el acceso de la prensa".
El Parlamento venezolano -de mayoría opositora- aprobó el 1 de febrero investigar el caso. La Comisión de Contraloría citó para esta semana a los representantes legales de la compañía en Venezuela.
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