Juez vincula a OHL México en pago de sobornos en España

Un juez ordenó registrar las oficinas de OHL en España, para investigar el pago de 1.4 millones de euros en sobornos, los cuales, presuntamente, fueron pagados desde la filial mexicana.
La constructora está siendo investigada por un presunto desvió de recursos.
La constructora está siendo investigada por un presunto desvió de recursos que involucra al Partido popular. (Reuters)

España

El juez Eloy Velasco ordenó ayer la entrada y registro en la sede de la constructora OHL en base a un supuesto soborno que conocía la dirección del PP desde hace varios años por diferentes vías.

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La más importante era la del ex tesorero del partido Álvaro Lapuerta, que transmitió los datos esenciales del supuesto pago de una comisión en Suiza a Ignacio González asegurando que se los había proporcionado personalmente el propio Juan Miguel Villar Mir, ex presidente de OHL. Pese a ello, Génova nunca otorgó veracidad a dicha información tras requerir sin éxito a Lapuerta que aportara pruebas incontrovertibles de la vinculación del ex presidente de la Comunidad de Madrid con el supuesto soborno y no dio crédito al resto de fuentes.

El instructor de la denominada operación Lezo ordenó acceder a las oficinas de la compañía "por el presunto pago de una comisión de 1.4 millones aproximadamente, relacionada con la adjudicación del 'contrato de construcción y explotación de la obra pública para la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero'", tal y como dice su auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO.

"Dicha comisión", dice el escrito del magistrado, "se habría pagado en una cuenta suiza del Anglo Irish Bank en 2007, cuenta relacionada con la sociedad panameña Lauryn Group Inc, relacionada con el empresario Adrián de la Joya", que prestó ayer declaración como imputado. Y apostilla: "Dicha comisión se habría pagado desde México".

Según ha podido saber este periódico, Lapuerta comunicó al PP algunos de los datos principales que introduce ahora el juez, como que el cobro se articuló a través de la referida entidad financiera suiza, la fecha y el importe del pago. Pero el ex responsable de las finanzas del partido, que llegó a confeccionar un dossier interno contra González, no fue el único canal a través del que se distribuyó esta misma información.

Durante años ha circulado entre los líderes del PP un documento anónimo que reproduce hoy este diario y en el que se detalla la operativa supuestamente delictiva. EL MUNDO se entrevistó hace varios meses con el propio Ignacio González y le exhibió el documento apócrifo. El ex dirigente del PP negó tajantemente su vinculación con dicha operación y tener constancia de su existencia y la tildó de una "invención".

Pero todavía hubo otro medio por el que Génova tuvo conocimiento de estos mismos datos. El ex alcalde popular de Leganés, Jesús Gómez, se reunió a finales de noviembre de 2014 en el Congreso de los Diputados con Juan Carlos Vera, entonces diputado popular y coordinador de Organización del partido a nivel nacional, para transmitirle los referidos datos, asegurando que le habían llegado a través de fuentes "fidedignas". Según relató Gómez en un acta notarial a la que ha tenido acceso este diario, Vera le emplazó a comunicarle los hechos un día después al diputado y ex vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, en la propia sede de Génova sin que prosperara la denuncia.

Ahora, el juez Eloy Velasco no sólo otorga veracidad a esta operación, sino que añade algunos datos hasta ahora desconocidos, como la relación del supuesto soborno con el contrato del tren a Navalcarnero, la implicación del empresario De la Joya o que el pago lo instrumentó OHL a través de su filial mexicana. Por su parte, la constructora niega tajantemente los pagos.

Las pesquisas están relacionadas con la agenda intervenida a Francisco Granados en la que aparecieron referencias a pagos desde OHL al PP de Madrid. La Guardia Civil pretendía interrogar ayer al consejero de OHL Javier López Madrid, pero este se encuentra en Londres, informa Fernando Lázaro.

El registro de la sede de OHL se enmarcó ayer en una actuación de la Guardia Civil en más empresas, todas ellas sospechas de haber realizado pagos a la trama de la operación Lezo. En la lista se encontraban, además de la constructora, la empresa tecnológica Indra, la consultora PwC, Licuas, Saerco y Arranz Acinas.

Un portavoz de OHL confirmó la presencia de agentes en su sede para "un requerimiento judicial de información", pero aseguró: "OHL no ha pagado comisiones a ningún partido político".

En el caso de Indra, el juez sospecha una financiación al PP por valor de 700 mil euros. Un portavoz de la empresa confirmó a EL MUNDO que se habían personado los agentes "requiriendo información".

El principal accionista de Indra es el Estado. El portavoz declinó hacer más comentarios, pero según ha podido saber este diario los agentes no practicaron detenciones ni pidieron acceder al despacho del consejero delegado, Javier de Andrés, que también se encuentra investigado en el caso Púnica.

Tanto OHL como Indra sufrieron ayer fuertes retrocesos en la Bolsa. OHL perdió un 8.95 por ciento mientras el retroceso de Indra llegó al 2.25 por ciento.

Por su parte, un portavoz de PwC confirmó que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requirieron información en relación a la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM). Se les facilitó acceso a ordenadores y al despacho de un ex socio y actual colaborador encargado de los contratos de consultoría con la empresa informática regional.

El juez Velasco trata de obtener más pruebas que corroboren los indicios de que ICM y otras empresas públicas, principalmente el Canal de Isabel II, fueron utilizadas para desviar fondos para financiar al PP de Madrid y para el supuesto lucro personal de Ignacio González.

Por este motivo se ordenó también el registro de Licuas, una constructora de obra civil especializada en conducciones hidráulicas para abastecimiento de aguas y que es una de las principales contratistas del Canal de Isabel II.

Numerosos líderes del PP han manejado durante los últimos años un anónimo apócrifo que detallaba la operación que ahora investiga el juez Eloy Velasco y que motivó ayer el registro en la constructora OHL. Este misterioso documento, que fue distribuido como la supuesta prueba de la cuenta suiza a través de la que cobraba sobornos González, refleja con aparente detalle el pago de 1.4 millones de euros a una cuenta bancaria del Anglo Irish Bank de Ginebra que nunca llegó a ser considerado como veraz ni creíble. El PP nunca le dio crédito alguno y el propio Ignacio González, tras serle exhibido por este periódico, negó tajantemente su vinculación con esta operación.

Otra empresa a la que se reclamó información es Saerco, compañía madrileña especializada en servicios de navegación aérea que fue creada por Ildefonso de Miguel, ex gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y uno de los empresarios investigados en la operación Lezo.

Agentes de la UCO también realizaron en Burgos un registro de las oficinas de la constructora Arranz Acinas en relación con la financiación del Partido Popular.

La agenda de Francisco Granados ha sido clave en esta investigación y en el hallazgo de los nuevos documentos. Granados está en prisión provisional desde octubre de 2014 por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, dentro del caso Púnica, que investiga una trama de pagos de empresarios a políticos a cambio de favores. Tras los documentos aportados al juez, Velasco ordenó registros en organismos oficiales de la Comunidad de Madrid, tales como las consejerías de Sanidad y Transportes.

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No es la primera vez que agentes de la Guardia Civil visitan el Grupo Villar Mir. Ya a principios de este año los agentes de la UCO requisaron los expedientes sobre una treintena de contratos que OHL ganó en adjudicaciones licitadas por la Comunidad de Madrid. Entre las obras investigadas destacan el metro ligero a Pozuelo de Alarcón, que costó 92 millones de euros, y el fallido tren de Cercanías a Navalcarnero, un proyecto de 362 millones que finalmente no se materializó.

OHL México niega haber realizado pagos

OHL México dijo que no hay información financiera que demuestre la realización de pagos a políticos en España.

En un comunicado, la filial mexicana de la constructora española explicó que “con base en la información financiera disponible del año 2007, no existe ningún tipo de transferencia de recursos a políticos”.

Agregó que la empresa mantiene plena disposición de cooperar y que es una de las empresas más auditadas de los últimos años y tiene una firme apuesta por la transparencia.