La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que espera ser destituida en las próximas horas luego de que el Tribunal Supremo de Justicia iniciara un antejuicio de mérito en su contra a pedido de un diputado del partido de Gobierno.
Ortega, quien no acudió a presentar su descargo a la sede de la máxima corte, agregó que no se someterá a ese tribunal por considerarlo "inconstitucional e ilegítimo".
La alta funcionaria consideró su proceso una "nueva violación a nuestra legislación para anular la última institución capaz de proteger a las personas y a los manifestantes que reclaman sus derechos" y desconoció a la vice fiscal Katherine Harrington que fue nombrada este martes por el Tribunal Supremo.
TE RECOMENDAMOS: Fiscal Ortega llama a luchar por la democracia venezolana
El pronunciamiento de Ortega Díaz se dio de forma simultánea al inicio de la audiencia en la Corte. La alta funcionaria había sido citada a una sesión para discutir una solicitud de antejuicio de mérito para retirarle un beneficio legal y enjuiciarla por supuestas "faltas graves" que habría cometido en el ejercicio de su cargo.
El diputado oficialista Pedro Carreño, quien solicitó el enjuiciamiento de la fiscal, acusó a la alta funcionaria de "lesionar la ética pública y la moral administrativa", "actuar con grave e inexcusable ignorancia de la constitución", "violar, amenazar o menoscabar" la carta magna y realizar "activismo político partidista".
Horas antes del inicio de la audiencia los alrededores del Tribunal Supremo fueron tomados por decenas de guardias nacionales que bloquearon las vías de acceso con el apoyo de camiones antimotines.
Ortega Díaz, que hasta hace unos meses era identificada como cercana al oficialismo, inició a finales de marzo un distanciamiento del gobierno que escaló en las últimas semanas luego de que la alta funcionaria presentara varias acciones contra la reforma de la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
Algunas figuras del oficialismo la han llamado "traidora" y la han acusado de favorecer la impunidad en las manifestaciones contra el gobierno que se iniciaron a fines de marzo y han dejado unos 90 muertos, 1.400 heridos y más de 500 detenidos.
También el martes el Tribunal Supremo nombró a la vice fiscal y dejó sin efecto la designación de la Asamblea Nacional en una nueva expresión de la pugna entre los poderes públicos que ha agudizado la tensión en el país.
TE RECOMENDAMOS: 'Preocupante' juicio contra fiscal venezolana: ONU
El presidente de la Sala Constitucional del máximo tribunal, Juan Mendoza, anunció el nombramiento de Harrington, quien en 2015 fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos junto a otros seis funcionarios por presuntas violaciones a los derechos humanos. Tras ser sancionada Maduro la nombró viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal.
Anteriormente Harrington ejerció como fiscal y tuvo a su cargo los procesos contra la exdiputada opositora María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, quien desde hace tres años permanece detenido en su casa tras ser acusado de conspirar contra el gobierno.
El Tribunal Supremo, señalado de ser controlado por el oficialismo, rechazó el mes pasado la designación como vice fiscal de Rafael González que realizó Ortega Díaz y otorgó a la Defensoría del Pueblo las atribuciones para participar en las investigaciones penales sobre violaciones a los derechos humanos que eran exclusiva competencia del Ministerio Público.
Ortega Díaz anunció a fines de junio que desconocería las sentencias del máximo tribunal alegando que eran violatorias de la constitución y pidió a la mayoría opositora del Congreso ratificar la designación de González, acción que se concretó la víspera.
IRH
