De paso

El virrey de Michoacán

Alfredo Castillo, comisionado por la Paz en Michoacán, expone una realidad distinta de la que vive esa entidad. En el último mes la violencia ha cobrado más de 20 víctimas, pero la explicación que el funcionario ofrece se reduce a un “problema de conflictividad social”, no de seguridad: o sea, una especie de pleito entre vecinos. Decir eso es eludir la realidad. Sostener esa explicación muestra el pavor que los gobernantes tienen a la crítica y, sobre todo, a la autocrítica. La crítica no se acepta. La autocrítica no se ejerce. Mantener esa actitud es el camino más corto a la ingobernabilidad.

El comisionado propone y dispone. Argumenta y no convence. La paz, su objetivo prioritario, no se ha logrado, y se ha tornado en reclamo de una buena parte de los michoacanos, que ahora exigen su renuncia. Se hacen muchos señalamientos de que la función del comisionado es vertical. La base de su poder es una corte compuesta de súbditos mexiquenses. La arbitrariedad no es ajena a este grupo monárquico. La paz michoacana está lejos de alcanzarse, y un año después de la llegada de Castillo a tierras purépechas, su misión ha sido un fracaso. Así se le espetó en su comparecencia ante legisladores la semana pasada. La violencia sigue y la inseguridad no cede.

El comisionado afirma que “la conflictividad” se reduce a tres municipios. Sin embargo, la irritación social tiene un alcance mayor. Se ha insinuado que la Fuerza Rural, organizada por el comisionado, está vinculada con la delincuencia organizada. La defensa que hace el funcionario de esa corporación es que ninguno de sus miembros tiene “una orden de aprehensión y por ello tuvieron la oportunidad de institucionalizarse” (MILENIO Diario, 14/I/15). La justificación es débil. ¿Cuántos delincuentes se desempeñan en actividades ilícitas sin tener antecedentes penales o una orden de aprehensión? El comisionado argumenta que los delitos de alto impacto van a la baja. Un informe de la Secretaría de Gobernación lo desmiente: Michoacán es una de las seis entidades del país donde la incidencia delictiva aumentó en 2014. El delito que más se incrementó fue el homicidio doloso (Excélsior, 15/I/15).

Muchos civiles están armados, La Tuta sigue prófugo y ni la Fuerza Rural ni los aparatos de inteligencia del estado han sido capaces de encontrarlo. Michoacán, como Guerrero, resiente el resquebrajamiento de un modelo político que no puede imponer la ley y que permite actuar a muchos fuera de la misma. El comisionado tiene una percepción del problema, pero muchos otros tienen otra.

Llama la atención que líderes que emergieron del pueblo, como el señor Mireles, se encuentren recluidos, mientras otros, como los que llevan el apodo de Los Viagra, siguen armados, atemorizando a la población y delinquiendo porque la autoridad se maneja de una manera discrecional, sin seguir los lineamientos de la legalidad.

Hay la amenaza de impedir las elecciones en Guerrero. En Michoacán podría suceder lo mismo. Para que no suceda es necesaria una estrategia efectiva. La respuesta que se da a los problemas en Michoacán es casual, sin diseño integral para combatirlos. Es impostergable restaurar el orden allí, empezando por diluir la ineficiente figura del virrey. Después de un año de su asunción, la paz sigue brillando por su ausencia, las bases para el crecimiento no existen mientras la violencia siga campeando.

 

jreyna@colmex.mx