De paso

El tráfico de influencias

La aprobación ciudadana de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cayó 18 puntos según una encuesta reciente. El desplome se explica, en parte, es el escándalo protagonizado por su hijo: hizo un negocio que implica tráfico de influencias y el uso de información privilegiada. Un préstamo del Banco de Chile por 10.4 millones de dólares le permitió obtener una ganancia de 4.8 mdd. Un misil en la línea de flotación de la presidencia chilena porque en ese país sudamericano la corrupción, si bien existente, es tan moderada que puede calificársele como uno de los más limpios en América Latina y en el mundo.

El hijo de la presidenta renunció de inmediato a su cargo (director sociocultural de la Presidencia), así como a su militancia al Partido Socialista, el de su madre. Ante el escándalo, la presidenta dispuso, de inmediato, la creación de un consejo cuya composición es plural para combatir la corrupción. Éste tiene un plazo de 45 días, que empezaron a correr el 10 de marzo, para entregar la normatividad que "frene la incompatibilidad entre los negocios privados y la política". Sin miramientos, antepuso la ética de la política a las posibles irregularidades con el fin de tener una "democracia más sólida y una convivencia justa que se merecen los ciudadanos chilenos". Lo anterior permite afirmar que Bachelet, ante el problema buscó la solución no su elusión. Hay que aprender la lección.

En Brasil, casi 2 millones de personas protestaron el 15 de marzo por un escándalo de corrupción dentro de Petrobras, la empresa petrolera de ese país. El desgaste de la presidenta Rousseff se volvió reclamo generalizado de los brasileños. El escándalo afecta al propio partido de la mandataria, el de los Trabajadores (PT). Hace unos cuantos días se confirmó la acusación de la Fiscalía de ese país contra el actual tesorero de Petrobras, quien medió en el pago de sobornos por un monto de mil 200 millones de euros.

Diversos funcionarios brasileños, tanto de la empresa petrolera como del poder legislativo, así como grandes empresarios brasileños enfrentan ahora el rigor de la justicia. Un diputado del PT (André Vargas) fue desaforado. José Dirceu, pieza clave dentro del PT y en el gobierno del ex presidente Lula da Silva (2002-2010) fue condenado a 7 años de prisión por estar involucrado en actividades corruptas. El fiscal general del Brasil fundamentó la acción de la justicia: "estas personas robaron el orgullo de los brasileños". El escándalo brasileño nos es familiar: un grupo de empresas ganó licitaciones en connivencia con funcionarios públicos. El sistema judicial de Brasil no se pasmó; actuó.

En contraste, en México hay otra visión del problema: un escándalo, se supone, tapa al otro. La desconfianza hacia las autoridades, la irritación que causan las mismas ya no pasan desapercibidas. La semana pasada se conoció que otro contrato multimillonario (1.3 mil mdp) fue otorgado a la empresa Higa por Banobras en 2013. Además, un operador de la campaña presidencial de Peña Nieto es investigado en España por presuntas operaciones ficticias con el Banco de Madrid. Dicho operador aparentemente estuvo vinculado con el caso Monex. En Chile y Brasil, la justicia se mueve. En México, no. Por eso la desconfianza, por eso la irritación, por eso la crisis de legitimidad que nos envuelve.

P.D. Es necesaria la voz de Aristegui.

jreyna@colmex.mx