De paso

El desastre michoacano

La corrosión de las instituciones hace poco factible devolver la seguridad a Michoacán. Desarmar a los policías comunitarios sería legal bajo el supuesto de tener un Estado fuerte. Como no existe, serían entregados a la delincuencia.

La crisis en el estado de Michoacán es profunda. Pese a que la semana pasada se anunció una nueva estrategia del gobierno federal, se antoja probable que el conflicto será de larga duración. Esa entidad federativa fue descuidada por mucho tiempo y, en la misma proporción, se alargará la solución del caos existente. Michoacán manda un mensaje muy claro: la delincuencia organizada tiene que ser sometida y el Estado mexicano tiene que ser más efectivo. Aquella se salió de control desde hace varios lustros. La ineficacia del Estado es el factor explicativo del problema. Se descuidó la seguridad de la sociedad y ésta ha reaccionado en defensa propia. Los grupos de defensa comunitarios son una consecuencia de la crisis y no una causa de la misma.

Estos días se han invocado, con gran recurrencia, dos términos conceptuales: el monopolio de la violencia legítima y el estado de derecho. Ambos son elementos constitutivos del Estado y las instituciones que lo integran. Sin duda, ese monopolio recae en el Estado, entre otras cosas, para garantizar la seguridad de una población y la rigurosa aplicación de la ley.

Un Estado fuerte y legítimo no puede tener una fuerza paralela que lo desafíe. Si acaso surge, el monopolio de la fuerza estatal tiene que cumplir la función de neutralizador. Para tal efecto es necesario el conjunto de leyes que hagan factible el uso de la fuerza para que no rebase los linderos de la legalidad.

En Michoacán, el Estado no ostenta el monopolio referido. Este ha sido rebasado por otras fuerzas y, en consecuencia, de concepto fundamental para entender al Estado se ha convertido en un término sin significado. Lo mismo pasa con el estado de derecho. La ley está escrita, pero no existe el entramado institucional para su aplicación. El problema radica en la ineficacia de las instituciones que integran al Estado. El caso michoacano es entonces un caso en el que el monopolio de la violencia es inoperante y la ley, letra muerta. Si se vale una analogía médica, el Estado mexicano ha sufrido un infarto agudo  provocado por lo que pasa en la región de Tierra Caliente de Michoacán. Hay que enviar a terapia, por tanto, el corazón del Estado nacional.

La estrategia anunciada la semana pasada por el titular de Gobernación no tiene un cambio fundamental si se le compara con la anunciada en diciembre de 2006 por el ex presidente Calderón, excepto por el nombramiento de un comisionado que llena, en muchos sentidos, el vacío de poder existente en la entidad. Su función será coordinar a los elementos militares, así como los diferentes órdenes de gobierno. El comisionado declaró que el uso de la fuerza es insuficiente. En efecto, hay escasez de inteligencia. Tiene que reconocerse que ya en 2006 Michoacán estaba desprotegida. La delincuencia organizada había fincado cimientos lo suficientemente sólidos como para resistir cualquier embate (legítimo) del Estado. Esa delincuencia sustituyó paulatinamente al Estado. Y el problema siguió.

Es paradójico que habiéndose canalizado tantos recursos para combatir la delincuencia, la variable inteligencia haya sido la más descuidada. Los propios comunitarios saben quiénes son los delincuentes y dónde se encuentran. La autoridad es la que por alguna razón desconoce el paradero de los mismos. De ser así, la realidad sugiere que hay una colusión entre los funcionarios estatales y la delincuencia. Ésta ha penetrado a un punto que su presencia no se hace visible y su acción es protegida por esas instituciones locales que incumplen con el objetivo de proporcionar la seguridad a la sociedad que les paga y a la que se deben.

No importa que llegue una flota de helicópteros y miles de efectivos fuertemente armados cuando las propias instituciones y su corrosión hacen poco factible devolver la seguridad exigida por la sociedad michoacana. Desarmar a los ciudadanos o policías comunitarios sería un acto legal bajo el supuesto de tener un Estado fuerte y legítimo. Como no existe, si los comunitarios son desarmados, serían entregados a la delincuencia  para su aniquilación. El orden de los factores sí altera el producto. En primer término tendrían que desmantelarse a los delincuentes, resucitar la ley y aplicarla. Se tendría una estrategia cuyo objetivo es más factible de cumplir. Empezar por desdentar a los grupos de autodefensa (en defensa propia por la inoperancia de la entidad estatal) es abrir un nuevo flanco de un conflicto que no tiene para cuando acabarse. Es una guerra en una parte del territorio mexicano que, de no atenderse, pone en jaque al Estado en su conjunto. Michoacán, hoy por hoy, es zona de desastre.

jreyna@colmex.mx