De paso

Brasil en su encrucijada

Quién iba a decir, hace poco, que Brasil se colapsaría en breve tiempo. Su todavía presidenta Dilma Rousseff obtuvo 54 millones de votos. La estrella del país amazónico brillaba en el firmamento: fue sede del mundial de futbol en 2014 y lo será de las Olimpiadas este año. La economía más grande de la región. Se instrumentaron políticas públicas que aliviaron la pobreza, entre 2003 y 2014, de 30 millones de personas. Creció en ese lapso a tasas cercanas a 5 por ciento. El ex presidente Lula fue el protagonista principal de esos logros, pero ahora se encuentra en medio del huracán que la corrupción ha desatado en ese país del continente. Brasil, en pocas palabras, sufre una profunda crisis. La corrupción lo tiene al borde del precipicio.

Un juicio de destitución (impeachment) se encuentra en marcha contra Rousseff. No es el primero que tiene lugar en ese país. El primer presidente elegido en las urnas después de la dictadura militar renunció por corrupto en 1992, antes de ser destituido, después de menos de dos años de mandato. No es el caso de la presidenta brasileña. La responsabilidad que podría imputársele es haber hecho ajustes fiscales para maquillar el déficit presupuestal del país: una falta administrativa, no un delito.

Podría decirse también que fue incapaz de combatir, con firmeza, un entorno político corrupto cuyo eje principal se encuentra en la empresa petrolera del Estado (Petrobras). El escándalo que la rodea, y del que estrictamente no es responsable, hizo que su nivel de aprobación cayera a 10 por ciento. Una administración presidencial débil fue el blanco de sus contrincantes e incluso de sus aliados, muchos de ellos investigados por lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable. Hasta el presidente de la Cámara de Diputados está en la mira de la justicia. Se le acusa de diversos actos de corrupción.

El sistema de justicia brasileño, en comparación con el mexicano, actúa con mayor autonomía. Hasta ahora se han formulado 90 condenas a diversos personajes políticos, algunos purgando sus condenas correspondientes y se han recuperado más de 800 millones de dólares pertenecientes al erario. Que la justicia tenga cierta eficiencia no implica necesariamente que la corrupción sea un problema superado. Es probable que con el inminente juicio de destitución salgan a relucir más nombres, tanto del mundo de la política como del sector privado.

Destituir a Rousseff sería un duro golpe para la democracia brasileña. No resolvería el problema central que aqueja al país, la corrupción, y permitiría que muchas de las prácticas ilícitas se mantengan. Rouseff, en defensa propia, ha señalado que no ha cometido ningún "crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición". Por eso arguye que sus opositores quieren perpetrar un golpe de Estado. El secretario general de la OEA, ex canciller de Uruguay, uno de los países más transparentes de la región resume bien el problema: si existiera una acusación bien fundada, el proceso de destitución iría por buen camino. Pero eso no existe, por lo que califica de deshonesto como se está procediendo. Pueden destituir a Rousseff, pero el problema de fondo seguirá vivo: la corrupción. El caso brasileño tiene que ser tomado en cuenta en México, que, puede decirse, padece mucho de la enfermedad que aqueja al país sudamericano. Brasil está en su encrucijada. México, por lo mismo, podría estarlo también.

jreyna@colmex.mx