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El segundo fraude de la videovigilancia

En julio de 2011, durante la Administración del gobernador panista, Emilio González Márquez, se asignó en total sigilo un contrato a la empresa Iusacell para que instalara el actual sistema de videovigilancia en el área metropolitana de Guadalajara.

La compra, sin licitación de por medio, la hizo el entonces secretario de administración, Ricardo Serrano, a un precio de 470 millones de pesos para la instalación y operación de 654 cámaras, cada una con un valor de 50 mil 943 dólares, es decir 636 mil pesos al tipo de cambio que había al momento de la transacción. Se incluía en el contrato también la construcción de un centro de control.

La justificación para la asignación directa a Iusacell fue porque era la que tenía la mayor capacidad instalada y que permitirían la utilización de su red de fibra óptica por parte del gobierno estatal.

Lo cierto es que se trató de otro caso de corrupción impune, ya que semanas después se descubrió que en el momento de la compra la empresa no tenía un solo metro de red de fibra óptica en la ciudad, por lo que fue el gobierno estatal el que pagó su instalación, y que por cierto desde este año, la autoridad paga una renta por el uso de esa red.

MILENIO JALISCO reveló también en aquellas fechas que el gobierno de Jalisco pagó 159 por ciento más caro por ese sistema de videovigilancia similar al de Nuevo León. Es decir que aquí pagamos 636 mil pesos por cámara, mientras que allá sólo pagaron 277 mil. Por eso con lo que aquí se adquirieron 654 equipos allá se compraron 1472. Además de que la red instalada quedó como propiedad del municipio de San Pedro.

El funcionario responsable de la compra salió a defender que el precio era mayor, porque se trataba de un sistema integral y no ‘camaritas’ como las de NL. Que el sistema de Jalisco permitiría una real videovigilancia para abatir la impunidad ya que ayudaría a las policías a actuar al momento.

Esa capacidad de reacción inmediata que permitirían las videocámaras de vigilancia nunca apareció en el plagio del diputado Gabriel Gómez Michel y su asistente Heriberto Núñez, a plena luz del día y pese al nada discreto despliegue delincuencial en el Periférico.

Estamos, pues, ante un segundo fraude en la utilidad y servicios que nos daría ese sistema de cámaras comprado a sobreprecio.

Porque por lo que me dijo el martes el comisionado de seguridad, Alejandro Solorio Aréchiga, y ratificó ayer el Fiscal General. Luis Carlos Nájera, quien era secretario de seguridad cuando se hizo la compra, no se tiene la capacidad de monitorear las pantallas, ya que se necesitaría un “ejército de 500 personas”.

¿Apagamos entonces las videocámaras? El Fiscal diría que no, ya que las imágenes,   aunque no se estén revisando en tiempo real como se prometió, dijo, sirven de evidencia en los litigios contra los delincuentes.

Si aceptamos que una inversión de 470 millones de pesos sirva sólo para eso estaremos, insisto, ante un segundo fraude, el del paso de la videovigilancia a la videoevidencia.

jaime.barrera@milenio.com

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