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Martes , 18.09.2018 / 22:43 Hoy

Radar

El estímulo negativo del patrullaje militar

Jaime Barrera Rodríguez

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La bancada priista se encargó de conseguir los votos necesarios de sus aliados de siempre, del Partido Nueva Alianza y del Verde, incluso algunos del PAN y del PRD para aprobar ayer, en fast-track, la polémica Ley de Seguridad Interior que se empezó a discutir hace año y medio, y que apenas el miércoles el Presidente Enrique Peña urgió aprobar a los diputados al inaugurar instalaciones de la Policía Militar en Coahuila.

El que los legisladores priistas hayan logrado la aprobación de esta Ley, que según Peña pasó de ser "una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad", incendió las redes sociales donde el debate lo ganaron los opositores a esta iniciativa a la que se le hicieron modificaciones de última hora en la madrugada.

A reserva de analizar a detalle esta nueva normatividad que busca regular el papel del Ejército Mexicano en materia de patrullaje y acciones contra la inseguridad pública, lo primero que anotaría es que esta iniciativa llega muy tarde y es insuficiente y hasta nociva por aprobarse de manera aislada.

Tarde porque llega más de una década después de que los soldados fueron sacados de sus cuarteles para enfrentar a la delincuencia organizada en el sexenio de Felipe Calderón, cuando lo cerrado de la elección con Andrés Manuel López Obrador y sus acusaciones de fraude lo hicieron decidir mutar del presidente del empleo que prometió en campaña, al presidente de la guerra contra el narcotráfico. Pese a la promesa de cambiar de estrategia para combatir al crimen, Peña Nieto mantuvo los patrullajes militares. Los soldados han estado, pues, ya casi 11 años con funciones para las que no habían sido adiestrados, lo que ha degenerado en episodios de sobresaltos que han desgastado la imagen del Ejército con acusaciones de violaciones a los derechos humanos, que incluso obligaron que el año pasado el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, a expresar una inédita disculpa a la nación.

En ese sentido, es real que con la militarización de la seguridad pública se corre el riesgo de que episodios de abusos se repitan, aunque lo que también habrá que decir es que en los últimos años en la Secretaría de la Defensa Nacional se han abierto a las asesorías de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se han traducido en una muy importante baja en el número de denuncias contra militares. Lo que hay que decir también es que muchas comunidades son las que piden su permanencia.

Nociva porque la Ley de Seguridad Interior aprobada de manera aislada, sin resolverse el nombramiento de un Fiscal independiente y una reglamentación que obligue a gobernadores y alcaldes atender los problemas de inseguridad fortaleciendo sus policías, se convierte en un estímulo negativo. A las autoridades no les importará mejorar sus corporaciones policiales mientras sepan que cuando lo necesiten podrán llamar al Ejército.

Porque lo cierto es que mientras no se fortalezcan las instituciones policiales, regresar a los cuarteles a los soldados agravaría la crisis de seguridad que ya padecemos.

jaime.barrera@milenio.com
twitter: @jbarrera4

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