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¿Qué hacemos con las plantas de tratamiento?

El martes pasado planteé aquí que el caso de la mortandad de peces en la Laguna de Cajititlán nos volvió a recordar el grave problema que tenemos en materia del saneamiento de aguas en Jalisco.

Y que además de resolver el problema en ese vaso del municipio de Tlajomulco, era también urgente revisar el caso de la ausencia del tratamiento de aguas en muchos municipios del interior del estado, antes de que estallen más crisis como la vivida por el caso de las popochas.

Porque está claro que en Jalisco, como en muchos otros estados de la República, estamos ante un fracaso total de los municipios en el manejo de las plantas de tratamiento.

En nuestra entidad, por ejemplo, hay 135 elefantes blancos que están contribuyendo a la degradación y contaminación cotidiana de muchos cuerpos de agua. Se trata de 135 plantas tratadoras  que casi un igual número de ayuntamientos  tienen paradas, ya que sus alcaldes argumentan que no cuentan con los recursos para operarlas.

En el caso de los municipios que rodean el Lago de Chapala, sus instalaciones para la limpia de aguas están paradas más de la mitad. De 51 tratadoras de aguas residuales, 24 no operan, tan sólo en territorio jalisciense. Un panorama similar o peor nos encontramos en los municipios ribereños de Michoacán.

Reitero que a reserva de revisar los montos de operación que representa cada planta de tratamiento y las prioridades en el gasto de los alcaldes, el hecho de que lejos de solucionarse, en los últimos tres años el problema se haya duplicado, al pasar de 66 plantas sin funcionar en 2011 a 135 a la fecha según cifras de la Comisión Estatal del Agua, obliga a que los tres niveles de gobierno en materia ambiental revisen y le den prioridad a ese tema.

En algunos casos se argumenta también que la tecnología que se utiliza es obsoleta, lo que encarece su operación  y hace aún más inviable su mantenimiento.

Ante este escenario, las autoridades deben plantearse seriamente revisar el esquema de las plantas de tratamiento y buscar nuevas alternativas para cumplir con la obligación constitucional de los ayuntamientos de limpiar el agua que se consume en sus comunidades.

Si de plano los gobiernos municipales efectivamente no cuentan con los recursos para mantener vigente y  en funcionamiento esta infraestructura, es momento ya de buscar otras alternativas y poner fin a la simulación de una ley que en la práctica es letra muerta y que está provocando verdaderos ecocidios.

En este sentido vendría muy bien impulsar e incluso financiar proyectos que exploren otras opciones para el saneamiento de aguas. Un incipiente debate sobre el tema ocurre en El Grullo donde se analiza la conveniencia dejar o no de dejar un proyecto aprobado de humedales artificiales o seguir apostando por una planta de tratamiento del tradicional sistema de biodiscos.  En esa discusión puede estar el principio de la solución.

jaime.barrera@milenio.com

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