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El callejón sin salida del caso López Castro

El mejor de los escenarios (que se acredite el trabajo que se está cobrando) será de cualquier forma una pérdida para el erario, y por tanto para los ciudadanos: pagar a la empresa consultora López Castro 100 millones de pesos, por haber asesorado al Congreso en el pago de impuestos consiguiéndole un presunto ahorro de 95 millones de pesos. A todas luces un mal negocio de nuestros diputados.

Por eso también cualquiera que sea el desenlace, se trata de una historia más de corrupción e impunidad engendrada en las dos anteriores Legislaturas.

Del caso tienen mucho que decir los actuales dirigentes del Partido Acción Nacional, Gustavo Macías; del Partido de la Revolución Democrática, Raúl Vargas; y del Partido Verde, Enrique Aubry; así como el actual alcalde de Tonalá, Jorge Arana; y el de Arandas, Omar Hernández, que siendo diputados de la LVIII y LIX Legislatura participaron en decisiones sobre este caso, que vuelve a salir a la luz pública por el reclamo abierto de los abogados de esta consultora para que el Congreso les pague.

La historia inició en la Legislatura LVIII cuando el entonces secretario general del Congreso, el panista Alfredo Argüelles, contrató a esta empresa por instrucciones de la Comisión de Administración, que encabezaba el entonces diputado Jorge Arana.

La consultora ayudaría al Congreso a recuperar dinero de los denominados “pagos de lo indebido” que se habrían cubierto a Hacienda del 2006 al 2008, y que la empresa asegura se utilizaron para complementar el pago de los impuestos del Poder Legislativo en 2009. Para marzo de 2010, aseguran, ya habían logrado que el SAT devolviera al Congreso vía electrónica 95 millones de pesos. Sostienen que eso lo han acreditado en juzgados y que por ello hay una orden judicial para que el Congreso pague.

Bajo este argumento, en la pasada Legislatura Macías, Vargas y Aubry reconocieron la deuda y acordaron pagar poco más de 50 millones a la empresa, pese a que el entonces presidente del Congreso, el priista Roberto Marrufo, exhibió en julio de 2012 un documento del SAT en el que la Secretaría de Hacienda niega haber hecho los reembolsos que presume el despacho López Castro.

Hay pues al menos dos versiones de esta historia y muchas preguntas sin respuesta. ¿Si efectivamente se logró el reembolso de 95 millones de pesos, en qué se invirtieron y por qué se siguió descontando a los empleados del Congreso por este concepto del que aún adeudan a Hacienda? ¿Si Marrufo comprobó que no se lograron esos ahorros por qué sus compañeros diputados aceptaron la deuda y por qué se contrató a otra empresa similar a la que se hicieron pagos millonarios? ¿Qué dicen las investigaciones que ha hecho la Fiscalía luego de las denuncias penales que presentaron los actuales diputados panistas y del Partido Movimiento Ciudadano por este caso?

Hoy que la consultoría López Castro reclama su pago es el momento de deslindar responsabilidades de los que aprovecharon esta contratación para desviar recursos del erario.

 

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jaime.barrera@milenio.com