Si el objetivo final es tender una cortina de humo como distractor de otros temas urgentes y también evadidos como el sistema nacional anticorrupción o no, lo cierto es que la iniciativa para llevar a la Constitución el derecho a todos y todas las mexicanas que opten por el matrimonio gay, que anunció el presidente Enrique Peña Nieto el martes que se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, meterá a diputados locales y federales, y senadores de todos los partidos políticos a un debate que siempre rehuyeron.
Si el "desaliento" y el "mal humor" social que nos embarga como país es por los altos niveles de corrupción, impunidad e inseguridad, esta discusión bien podría reanimarnos, porque pese a lo polarizante, siempre será relevante plantearnos temas que impliquen la ampliación de libertades y el fomento del valor de la tolerancia al otro, al diferente.
El debate en el Legislativo añade el componente que los puristas reclamaban, cuando veían en los fallos a favor del matrimonio igualitario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un exceso de los ministros "al asumir el rol de hacer leyes que no les correspondía" en detrimento de los diputados y senadores.
Se abre, pues, esa posibilidad con la iniciativa presidencial, que servirá para ubicar la postura que cada partido político tiene sobre el tema, con todas las sorpresas que eso implica. Sobre todo en los que se dicen de izquierda. En Jalisco no será distinto. Hay que recordar que pese a que desde enero la SCJN declaró inconstitucional el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco por considerarlo discriminatori, al señalar que un matrimonio sólo puede darse entre un hombre y una mujer, y los diputados locales fueron notificados oficialmente de ello desde el mes pasado, es hora que no agendan el asunto para debatirlo ni en comisiones ni en el pleno.
Evidentemente la clase política local y nacional teme al costo que significa apoyar este tipo de iniciativas que ven por los derechos humanos de las minorías, pero que irritan a sectores poderosos. Por ejemplo, a la jerarquía eclesiástica y su mayoritaria grey, como quedó claro en el comunicado que ayer emitió el Consejo del Episcopado Mexicano. En él repudiaron las bodas gay por considerarlas "uniones precarias" que no pueden compararse con el matrimonio entre hombre y mujer. La Asociación Nacional de Padres de Familia advirtió que se cobrarían en las elecciones.
Pese a esa muy respetable resistencia del clero, organizaciones y católicos afines a esa posición (hay católicos que sí están de acuerdo), considero que el fallo de la Corte y ahora la iniciativa presidencial contribuye a la consolidación democrática del país al preservar el derecho de las minorías a la igualdad que se establece en el artículo 1° de la Constitución, así como a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo. Insisto, los derechos humanos de las minorías no pueden someterse a votación ni a credos y debe tutelarse siempre por el Estado laico.
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