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Parar ese y otros robos al pueblo, Gobernador

Del maloliente caso de la consultora López Castro, a la que los diputados del Congreso local aprobaron pagarle 58 millones de pesos el miércoles pasado por una presunta asesoría fiscal que hasta la Secretaría de Hacienda niega, y del que he escrito aquí toda la semana, se refirió ayer el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval.

Confirmó así lo que tiene irritados a muchos ciudadanos que han seguido la ya muy larga cadena de abusos y la trama de complicidades para garantizar impunidad a la galopante corrupción que se ha dado en las tres últimas Legislaturas. Lo definió como “un robo al pueblo”, y prometió actuar:

“Este es un caso que ya pasó a un orden judicial, no podemos caer en desacato, quiero decirles que sí, por supuesto, me encuentro también indignado por cómo se ha manejado ese proceso, debe de haber responsables (…) y a nosotros en este momento nos pone en una encrucijada, en un momento donde el juzgado federal está pidiendo al Congreso que pague, el Congreso nos hace una solicitud [para saldar la deuda] (…) Es un asunto donde debe de haber responsables, donde debe de haber justicia y los responsables deben de pagar, en este sentido nosotros estaremos en coordinación con el Congreso para ver de qué manera no se llegue a la afectación de este erario”, dijo. 

A tono con ese respaldo del Ejecutivo, el diputado priista Héctor Pizano me reclamó vía redes sociales, el haber responsabilizado ayer aquí a la LX Legislatura del pago a López Castro.

“Estás MUY equivocado. Cero irresponsabilidad del Congreso, se actuó en consecuencia en acatamiento. Así de claro y contundente!. El Congreso NO tenía otra alternativa que la resolución tomada ayer (el martes). @AristótelesSD ha dado instrucciones precisas para que se castiguen responsables”, me escribió en tres tuits.

Ojalá que así sea, pero no sólo en ese sino en los muchos otros episodios de corrupción que están sin investigarse, y en los que el Congreso actual ha mantenido un silencio cómplice, como cuando pidieron por unanimidad la renuncia del auditor Alonso Godoy por participar en desfalcos de pasadas Legislaturas y luego lo blindaron para que nada le pase con el voto mayoritario de los diputados, entre ellos el de Pizano.

Ojalá que el diputado y sus compañeros asuman un rol mucho más activo que el desempeñado para echar abajo el convenio, a todas luces ilegal, que firmaron diputados de la pasada Legislatura donde aceptan la deuda con López Castro, y que fue clave para llegar al acatamiento judicial que refiere, ahora que el objetivo debe ser que el ministerio público asegure la cuenta a la que caerán los 58 millones de pesos para que regresen a las arcas públicas. Y de paso que legislen para prohibir a toda dependencia pública contratar asesorías para reclamar reembolsos de impuestos. Para eso, con la burocracia que tenemos, basta y sobra.

 

twitter: @jbarrera4   

jaime.barrera@milenio.com