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Jaliscienses están hartos de corrupción e impunidad

Hace apenas dos semanas expuse aquí cómo la ausencia de una fiscalización efectiva y con credibilidad en Jalisco convirtió ya al tema de la corrupción en la segunda mayor preocupación de la población jalisciense, sólo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.

El dato lo retomé de la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que elabora el INEGI, a propósito de la entonces incumplida promesa de los diputados del G-9, de presentar una iniciativa para buscar un nuevo modelo de revisión del gasto público, que por fortuna presentaron el 14 de agosto pasado en el Congreso local.

Ayer la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, aportó otra señal del hartazgo por la corrupción que pesa en el ánimo de los tapatíos, y que más valdría que la clase política atienda, en beneficio incluso de sus propios intereses de cara al proceso electoral del 2015.

Delgadillo García presentó ayer los resultados de una consulta que sobre participación ciudadana levantó este fin de semana como presidenta de la comisión legislativa en la materia con la ayuda del Instituto Electoral, y en ellos destaca además de que el 81 por ciento no se sienten tomados en cuenta por las autoridades, que la figura o el instrumento de participación ciudadana que más anhelan es el que les sirva para despedir a los funcionarios corruptos.

Si los partidos políticos representados en el Congreso no quieren ver este nuevo dato como una exigencia social, al menos deberían interpretarlo como un incentivo para ver en la impunidad  y la corrupción dos temas que les pueden ser altamente rentables.

Evadir este debate y aliarse para buscar mantener sus jugosas canonjías como lo han hecho partidos y poderes fácticos en los últimos años, los podría incluso afectar como clase política con un mayor desprestigio y la pérdida total de la confianza ciudadana. Así lo demuestran datos del INEGI en los que policías, partidos políticos, diputados y senadores, ministerios públicos y autoridades estatales aparecen en el top cinco de las figuras vistas como las más corruptas.

Ojalá pues se avance en las iniciativas que ya hay en el Congreso sobre estos fenómenos que son prioridad para los ciudadanos jaliscienses. Está la iniciativa ciudadana y del G-9 para buscar un nuevo modelo de auditoría, pero también una iniciativa anticorrupción que propuso el PRD y que está en la congeladora. Y que también ayude a que en la Contraloría estatal y en la Fiscalía General del Estado desatoren las auditorías y las denuncias contra funcionarios que han desviado los escasos recursos públicos con los que contamos.

Tenemos pues otra señal, que deja claro que es inaplazable el debate contra la impunidad y la corrupción.

 

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jaime.barrera@milenio.com