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Derechos de información violados

La inseguridad y la crisis económica son las principales preocupaciones de los mexicanos según reveló ayer un estudio de la firma encuestadora Consulta Mitofsky.

Para los jaliscienses, sin embargo, las preocupaciones no llevan ese orden. Según el INEGI, aquí la segunda mayor preocupación es la corrupción y la impunidad, por arriba de la falta de empleos. Además, el instrumento de participación ciudadana que más anhelan es el que les permita despedir a los funcionarios y políticos ladrones.

El llegar a ese estado de cosas, sin duda, es producto de la fiscalización simulada que reina en Jalisco, pero lo más grave es que las repercusiones negativas que ha provocado la nula revisión del gasto público, no paran ahí, sino empiezan ya a violar garantías individuales fundamentales como el derecho a la información.

Eso es lo que está pasando, por ejemplo, con el caso de las cuentas públicas de los municipios y de otras dependencias públicas, que la ley obliga a abrir a los ciudadanos, pero que aquí es letra muerta.

La Ley de información Pública obliga a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco a publicar, entre otras cosas, el registro de cuentas públicas e informes de gestión financiera entregados por las entidades fiscalizadas con la indicación del estado procedimental que guardan y los expedientes de la evaluación del desempeño gubernamental, una vez que exista una resolución final.

En vez de cumplir y hacer cumplir las leyes que ellos mismos producen, los diputados, la ASEJ y ahora hasta el Instituto de Transparencia se la pasan echándose la bolita.

Los diputados dicen que debe ser la ASEJ quien debe cumplir con esa obligación, pero como ya es costumbre, el auditor Alonso Godoy Pelayo no sólo los ignora sino que los desafía, y pese a ser sus patrones, les dice que son ellos los que deben publicar.

En este incumplimiento al ciudadano ha tenido mucho que ver la tibia y titubeante actitud del Itei que preside Cynthia Cantero. El mes pasado que evaluó tanto al Congreso como a la ASEJ y les hizo notar los incumplimientos con los datos relacionados a la fiscalización, fueron los propios diputados los que le pidieron que definiera a quién le tocaba transparentar, sin que su respuesta dejara satisfechos a nadie por ambigua.

Este entrampamiento que además de fomentar la opacidad afecta ya los derechos de los ciudadanos a estar informados de la forma en que sus autoridades gastan los impuestos, es una prueba más de lo agotado de nuestro modelo de auditoría y la prioridad que le deben dar a este tema los diputados para que su auditor no los siga exhibiendo un día sí y el otro también.

Las iniciativas ya las tienen en sus escritorios y todo es cuestión de que superen sus miedos a quien hoy controla la ASEJ y que por lo visto también tratan con toda delicadeza en el Itei.

jaime.barrera@milenio.com

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