Daños colaterales

Oposición a Maduro quiere 15 millones de dólares, no diálogo /I

No es ocioso que el ex líder de Brasil Lula da Silva le haya escrito una carta al presidente Nicolás Maduro en el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez, el pasado 5 de marzo, en la que respalda un diálogo en Venezuela entre “todos los demócratas”. La misiva, dada a conocer por Maduro, evoca los estrechos lazos de Lula con el desaparecido Chávez y basa el diálogo de Caracas en el “respeto a la Constitución”, que así como debe hacer cumplir los derechos de todos los ciudadanos, también obliga a éstos a respetar la institucionalidad emanada de las urnas, en este caso el gobierno de Maduro, cuyo triunfo fue aceptado de inmediato por Henrique Capriles, líder de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) el mismo día de la elección, 14 de abril de 2013, hace casi un año.

Lula y la sociedad brasileña saben muy bien cuánto les costó (re)construir su democracia tras el golpe de Estado contra Joao Goulart un día como hoy de hace 50 años, el 31 de marzo de 1964. La dictadura militar —que inauguró dos décadas de sangrienta hegemonía castrense en Sudamérica con el apoyo entusiasta de EU y su brazo “benefactor”, la USAID para imponer a sangre y fuego el neoliberalismo— duró 21 años, hasta 1985. Y aunque hoy 61% de los brasileños considera que la actual democracia en Brasil tiene “grandes problemas”, casi la misma cifra (62%) asegura que la democracia “es siempre mejor que cualquier otra forma de gobierno”, según la última encuesta de Datafolha, consultora ligada al diario Folha de Sao Paulo (29-03). En su primer sondeo de 1989, solo 43% de los brasileños dijo confiar en la democracia.

Al hacer énfasis en los sectores “democráticos”, Lula puso el dedo en la llaga de la actual crisis venezolana, cuando el Congreso de EU y la administración Obama están replicando a la vista de todos el mismo esquema —usado a plenitud por Reagan contra la Revolución sandinista en Nicaragua— de hacer abortar los procesos populares con una estrategia de desestabilización económica, diplomática, de propaganda e incluso militar y donde el financiamiento a la oposición vía la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), del Departamento de Estado, ha jugado un rol clave desde 1961, cuando reemplazó a la “mal nacida” Alianza para el Progreso de Kennedy tras el fiasco de Bahía de Cochinos.