Daños colaterales

El Salvador: Ignacio Ellacuría y la masacre aún impune de los jesuitas

A propósito de la beatificación en El Salvador, el próximo sábado, del "mártir" de los derechos humanos, monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado por el Estado salvadoreño el 24 de marzo de 1980, recordamos asimismo el brutal asesinato cometido nueve años después, el 16 de noviembre de 1989, contra el teólogo, filósofo y escritor español naturalizado salvadoreño, Ignacio Ellacuría (Vizcaya, 1930), a manos de un pelotón del batallón de élite Atlácatl del Ejército de El Salvador, que en esa ocasión acabó asimismo con las vidas de los también jesuitas Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López.

En el asalto a la sede de la Universidad Centroamericana (UCA) "José Simeón Cañas" de San Salvador, a cargo de la Orden Jesuita, también fueron masacras Elba Ramos, personar de servicio y su hija Celina de 15 años. El cuerpo de Ellacuría yace enterrado en la capilla de la UCA.

El múltiple crimen conmocionó a toda América Latina por la brutalidad –tan conocida como manifiesta– del Ejército salvadoreño, que sorprendió dormidos y de madrugada a sus víctimas, y de inmediato se exigió castigo a los responsables. Una demanda que involucró a la justicia de España –ya que cinco de las ochos víctimas tenían nacionalidad española–, pero que a la vuelta de casi tres décadas sigue sin verdadera respuesta.

Si bien el caso Ellacuría fue juzgado en El Salvador, la condena a cadena perpetua, con 30 años de cárcel, al coronel Guillermo Benavides Moreno, así como al teniente Yussi Mendoza fue conmutada con la Segunda Ley de Amnistía, decretada el 1 de abril de 1993, que los puso en libertad.

Todavía en mayo pasado, la justicia española afirmó que existían indicios “serios y razonables” de que el juicio que condenó a Benavidez no había pretendido realmente un castigo para los responsables intelectuales y materiales de los hechos, sino que se buscó, más bien, su sustracción a la justicia, “todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad”.

Otros acusados, todos ellos amnistiados, fueron el teniente coronel Carlos Hernández Barahona, los tenientes José Espinosa G. y Yusshy Mendoza V., el subteniente Gonzalo Guevara C., los subsargentos Ramiro Ávalos V. y Tomás Xarpate C., el cabo Ángel Pérez V. y los soldados Oscar Amaya G. y Jorge Sierra A.

Benavides, entonces de 44 años y quien nunca aceptó los cargos en su contra, fue el único de los militares que no estuvo presente físicamente durante el operativo que derivó en la masacre de la UCA, pero se le acusó de haber dado la orden a los responsables del operativo, siendo el único, como destaca la UCA, a quien el jurado condenó por los ochos asesinatos. Estuvo preso en el penal de Santa Ana desde enero de 1992 hasta el 1 de abril del año siguiente.

A diferencia de monseñor Oscar Arnulfo Romero, doctrinariamente un conservador popular, como se ha definido a sí mismo el papa argentino Francisco, ex cardenal Jorge Bergoglio, el padre Ellacuría estaba abiertamente comprometido con la corriente eclesial de la Teología de la Liberación; demonizada y perseguida durante los años de 1970-1980 por los gobiernos y/o las dictaduras más represivas de América Latina por su cercanía e involucramiento con las luchas populares  –aunque en días recientes el teólogo peruano y fundador de la misma, Gustavo Gutiérrez, haya dicho de manera llamativa que el Vaticano de Juan Pablo II nunca la "condenó".

La masacre de los jesuitas fue precedida por una ofensiva militar, lanzada por el FMLN el 15 de noviembre, y según la UCA (http://www.uca.edu.sv/web_martires) unos días antes "trece miembros de una unidad de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, de Fort Bragg, Carolina del Norte, comenzaron un curso de entrenamiento en el cuartel del batallón Atlacátl en Sitio del Niño (La Libertad). Entre sus alumnos estaban los hombres de la unidad de comandos, siete de los cuales fueron posteriormente procesados por los asesinatos de los jesuitas y sus dos

En la madrugada del 16 de noviembre, un grupo de soldados del Atlacátl entró en las dependencias de la UCA, y asesinó a los seis sacerdotes jesuitas y a las mujeres. La orden de atacar les fue dada a los soldados la noche del día 15 por el coronel Benavides, a nombre del Estado Mayor del Ejército. La UCA y la residencia de los jesuitas se hallaba muy cerca de la Escuela Militar y del Estado Mayor, y según testimonios de fuentes militares "aquella noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 se escucharon, perfectamente, tiros que venían de aquella zona".

Desde 1968 y hasta su muerte, el padre Ellacuría fue miembro de la Junta de Directores de la UCA, además de profesor, prolífico escritor y rector.