A fines de 2016, las coordenadas dentro de las cuales se perfilaba la disputa por la Presidencia en 2018 eran las siguientes. En cuanto a los temas relevantes que delimitarían el debate durante las campañas estaban, sin lugar a dudas en primer lugar, la corrupción, seguida de asuntos de seguridad y económicos (salarios y empleo). Los contendientes más competitivos eran los precandidatos del PAN —Margarita Zavala y Ricardo Anaya— y López Obrador, los cuales punteaban las preferencias. En el PRI, el mejor posicionado era Osorio Chong, aunque en tercer lugar y con tendencia a la baja, no se podía descartar por completo que ese partido estuviera fuera de la pelea.
En las primeras semanas del año, esas coordenadas han comenzado a moverse. El irresponsable manejo de las finanzas públicas durante los primeros cuatro años del gobierno de Peña Nieto (responsabilidad de Luis Videgaray), que se tradujo en un crecimiento de la deuda pública de 13 puntos del PIB (algo así como 2.4 billones de pesos), obligó, en buena medida, al gasolinazo. Ese ha sido el indicador más claro de que la economía es frágil y muy vulnerable a eventos externos que podrían generar un círculo vicioso: incertidumbre, reducción de entrada de inversión extranjera, devaluación del peso, inflación, finanzas públicas más pobres, austeridad, gasolinazos, etcétera.
Además, aumentar el precio de los combustibles fue la gota que derramó el vaso del enojo ciudadano contra el gobierno y el PRI. Desde entonces, las encuestas han bosquejado dos efectos. Primero, han reducido las preferencias de los precandidatos priistas de manera que cada vez se ve más difícil que se metan a la pelea. Segundo, le han dado a AMLO un impulso que lo ubica como puntero con una ligera ventaja sobre Margarita Zavala y otra un poco mayor sobre Anaya.
La presidencia de Trump ha tenido dos impactos en las coordenadas de la sucesión. Primero, la incertidumbre sobre el futuro del TLC ha devaluado al peso, debilitando las finanzas públicas y los equilibrios macroeconómicos, razones por las cuales se vuelve probable un escenario de crisis económica a fines de este año o en 2018. Segundo, la agresividad contra nuestro país ha puesto como prioridad política la defensa de la soberanía y los intereses nacionales. En otras palabras, ha despertado el nacionalismo al grado de que según como evoluciones la relación con Estados Unidos pudiera desplazar a la corrupción como el principal tema de las campañas.
La renegociación del TLC parece inevitable y de llevarse a cabo con resultados negativos para México, seguirá produciendo incertidumbre y sus eventuales impactos —disminución de inversiones extranjeras y una reducción de las exportaciones mexicanas hacia ese país— estarán presente todo este año y muy probablemente el próximo.
La probabilidad de una crisis económica y la realidad de un país acosado por la Casa Blanca obligarán a los candidatos a reformular sus estrategias y discursos. El principal dilema de México no será solo aplicar la nueva institucionalidad contra la corrupción y para mejorar la seguridad —retos que seguirán vigentes y habrá que solucionarlos—, sino redefinir los fundamentos del desarrollo económico y social del país, ya que Trump nos quiere expulsar de Norteamérica, la región geopolítica y económica que le ha dado viabilidad a México desde hace 25 años. No se trata de propuestas para renegociar tarifas arancelarias, sino de proponer y encontrar cimientos más solidos que le den viabilidad económica y social al país. ¿Cuál de los candidatos estará más equipado para ello? No lo sé, pero me queda claro que aún se moverán las coordenadas de la contienda presidencial y quien no las entienda tendrá menos probabilidades de triunfo.
*Socio de GEA
