Paideia Política

Compra y coacción del voto en México

Buena parte del edificio democrático de nuestro país descansa en el voto ciudadano. El sufragio permite elegir representantes, formar gobiernos y dotar de legitimidad a un sistema democrático. Pero para lograr todo lo anterior, el voto debe ser universal, libre, auténtico, secreto y directo.

Esas atribuciones del voto pueden ser distorsionadas por su compra y su coacción, lo cual viola la libertad y la autenticidad del sufragio. Aunque de manera generalizada se habla de estas prácticas como si fueran lo mismo, en realidad son diferentes. Aquí se hará una distinción mínima.

En la compra del voto alguien entrega dinero o algo material a cambio de que una persona vote a favor de cierto partido o candidato. Esta práctica es frecuente en donde hay pobreza. Por su parte, la coacción significa que un funcionario público obliga a ciudadanos a votar de cierta manera, mediante el condicionamiento de algún programa social. También se presenta en condiciones de pobreza.

Ambas prácticas pueden constituirse en delitos electorales, pero su persecución y castigo son muy difíciles, debido a que su realización puede ser disfrazada de diversas formas. Por ejemplo, durante las campañas los partidos pueden entregar tarjetas que prometen beneficios a futuro si ganan la elección, como ha ocurrido en las elecciones del presente año. Esta práctica está explícitamente prohibida por las leyes, a pesar de lo cual se repartieron miles de tarjetas que prometían beneficios, en caso de ganar el candidato del partido que las repartió.

Una encuesta de BGC-Excélsior encontró que al menos 469,501 ciudadanos recibieron una tarjeta, además de otros 384,651 que recibieron despensas durante las campañas del Estado de México. Estas dos figuras habrían tenido un impacto potencial de hasta 854,152 ciudadanos, lo cual pudo distorsionar las condiciones de la competencia electoral.

La coacción del voto también se ha disfrazado. En la misma elección se presentó un despliegue de funcionarios federales y locales que, con el pretexto de aplicar programas sociales, entregaron beneficios masivamente. En este caso la magnitud del despliegue mencionado pudo distorsionar las condiciones de equidad en la contienda. En este contexto, la compra y la coacción del voto son dos de las mayores amenazas para la democracia. Combatirlas requiere una auténtica voluntad de las instituciones electorales y, en su caso, de las instituciones del Estado.