El pleno de la legislatura de Oaxaca reprobó la política interna del gobernador Gabino Cué, argumentando que durante su mandato hubo una crisis de ingobernabilidad y una ambiente de violencia e inseguridad.
Los diputados reprocharon la actuación del secretario general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, quien compareció por la glosa del último Informe de Gobierno de Cué.
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El funcionario estatal fue señalado por los diputados locales de tener nula eficacia para dialogar y consolidar la gobernabilidad, debido al registro de 500 bloqueos carreteros y 150 tomas de oficinas.
Además de que se desbordo la violencia, los crímenes políticos, los feminicidios y la persecución contra líderes sociales.
Debido a esto, el coordinador de la bancada del PAN, Juan Mendoza Reyes, afirmó tener evidencias de corrupción dentro de la Secretaria General de Gobierno, al otorgar fondos públicos a organizaciones sociales con el fin de controlarlas.
Afirmó que la alta expectativa que llevo a Gabino Cué al poder se perdió cuando fue superado por los conflictos.
"El régimen del cambio se desmoronó en medio de la simulación la corrupción y el tráfico de influencias".
A su vez, los perredistas Toribio López y Horacio Mendoza acusaron al gobierno estatal de tomar decisiones equivocadas, ante la solución de los grandes conflictos políticos y sociales que aquejan a los oaxaqueños.
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Los perredistas exigieron desaparecer la figura de administradores provisionales, por que se niegan a rendir cuentas fungiendo como alcaldes sustitutos, asimismo pidieron entregar un informe del caso Nochixtlán.
La legisladora priista, Adriana Tristán Orozco, aseguró que en el régimen de Cué privaron los privilegios hacia algunos, el dispendio, la corrupción, el desvío de recursos y el tráfico de influencias, que llevaron a Oaxaca a colapsarse y perder gobernabilidad.
En respuesta a los diputados, Santiago Carrasco, dijo que el gobierno no le falló a la sociedad, ni se equivocó, argumentando que la construcción de gobernabilidad de Oaxaca obedece a un tema de responsabilidad social de todos los actores sociales y políticos.
En cuanto al caso Nochixtlán, dijo que el conflicto está encauzado, pero su completa atención está en manos de la federación que agota a través de la PGR las investigaciones para conocer la realidad jurídica de lo ocurrido para llamar a cuentas a los responsables.
FLC
