Una taquería en Carolina del Norte, Estados Unidos, se volvió famosa no por su sabor, si no por haber llevado a un sacerdote para que los empleados del lugar pudieran confesar sus pecados, aunado a que el negocio ya tenía una investigación en puerta por presuntamente quedarse con las propinas de los trabajadores y no pagar las horas extras.
La taquería Garibaldi era administrada por Eduardo Hernández, Hector Manuel Martínez Galindo y Alejandro Rodríguez, a quienes un juez federal del Distrito Este de California les ordenó pagar 140 mil dólares (2 millones 396 mil 919 pesos mexicanos) en salarios atrasados y daños a los empleados del restaurante como parte de un acuerdo en el caso.
María Parra, una de las afectadas, comentó que un sacerdote acudió al negocio para escucharlos confesar sus pecados, aunque la charla no era como usualmente se da, ya que el párroco les hacía preguntas extrañas sobre su vida personal.
“Me preguntó si alguna vez me detuvieron por exceso de velocidad, si bebí alcohol o si había robado algo. El sacerdote tenía principalmente preguntas relacionadas con el trabajo, lo que me pareció extraño. El sacerdote me preguntó si había robado algo en el trabajo, si llegué tarde a mi empleo, si hice algo para dañar a mi empleador y si tenía alguna intención con mi empleo”.
Otro de los empleados indicó que el restaurante le avisó sobre la presencia del religioso, quien estaba ahí para escuchar sus pecados. Además señaló que cuando inició la investigación fueron amenazados con tomar acciones migratorias si hablaban sobre la dinámica que ocurría en la taquería, de acuerdo con Marc Pilotin, procurador regional del trabajo.
“Bajo juramento, un empleado de Taquería Garibaldi explicó cómo el restaurante le ofreció a un supuesto sacerdote que escuchara los 'pecados' de su lugar de trabajo, mientras que otros empleados informaron que un gerente afirmó falsamente que la investigación del departamento plantearía problemas de inmigración”.
Y agregó: “Los despreciables intentos de este empleador de tomar represalias contra los empleados tenían como objetivo silenciar a los trabajadores, obstruir una investigación e impedir la recuperación de los salarios impagos”.
Por su parte, la investigadora Raquel Hernández indicó que utilizar a un párroco fue parte de una estrategia para poder controlar a los empleados. “Sintieron que Eduardo trajo al cura para intimidarlos”.
KVS