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Sábado , 23.03.2019 / 19:32 Hoy

¿Quién le cree a la policía?
Detrás de la tragedia humana sucedida el domingo 19 de junio en Nochitxtlán, Oaxaca, están otras tragedias. Una es la política y la otra es la institucional. Lo escandaloso entonces no son sólo las muertes sino la inexistencia de sistemas de controles políticos y jurídicos robustos que permitan reconstruir los hechos y asegurar las consecuencias sobre los responsables. Sobre la incompetencia política para procesar el conflicto asociado a la reforma educativa se vienen pronunciando muchos otros. Yo me referiré aquí a las condiciones en torno al aún imposible saneamiento policial en materia del uso de la fuerza.¿Quién le cree a la policía? Los acontecimientos referidos nos recuerdan una vez más que la policía en México no merece ni un ápice de credibilidad social. Cuando la policía emite una versión de los hechos sólo la creen ella misma y el gobierno del que depende –o cuando menos así lo aparentan. El vaciamiento de la confianza social hacia la policía hace parte del mismo problema con respecto al sistema político en su conjunto: en general a las autoridades sólo le creen las propias autoridades.Quienes estudiamos de cerca a la policía lo hemos sabido siempre: para el mexicano promedio la policía no es creíble, haga lo que haga. Apenas hace unas semanas se publicó un estudio que coloca a México entre los cinco países del mundo con el menor nivel de legitimidad de la policía, junto con Kenia, Nigeria, República Democrática del Congo y Pakistán (http://wispindex.org/sites/default/files/downloadables/WISPI%20Report_EN_WEB_0.pdf). El reporte internacional sólo vino a confirmar décadas de estudios de opinión que han encontrado la desconfianza generalizada en las instituciones policiales.¿Es importante la confianza hacia la policía en el aprendizaje internacional? Miren este ejemplo: ante los excesos de la policía en Estados Unidos, el Presidente Obama creó una comisión especial de trabajo para construir un modelo policial para el siglo XXI. El primer eje de modernización se denomina justamente Construir Confianza y Legitimidad. Y las acciones precisas recomendadas comienzan por crear espacios que permitan a la policía escuchar a las comunidades a las que deben servir y proteger. La lección es simple y clara: en democracia, el quehacer policial se construye desde el diálogo con el ciudadano (http://www.noblenational.org/Implementation%20Guide.pdf).El modelo policial mexicano no incluye los ingredientes necesarios para construir confianza social. Al revés, funciona de tal manera que neutraliza las posibilidades de que la gente tenga certeza de recibir el servicio y la protección que espera. La fórmula es en realidad otra. Los políticos y los mandos policiales orientan a la policía bajo criterios de opacidad y de esa manera hacen imposible saber lo que realmente pasa allá adentro. La paradoja es evidente: tenemos a la policía frente a nosotros y a la vez casi nada sabemos de ella. Uno de los ejemplos más contundentes es el sistema de atención a quejas contra la policía. Mientras en el ámbito internacional la transparencia de este sistema es quizá el más importante estándar de una policía en democracia, en México si usted mete una queja contra un policía lo más común, en el mejor de los casos, es que jamás sabrá cómo realmente se atiende la misma; y en el peor de los casos será amenazado y hasta atacado por el mismo policía que ha sido señalado en la queja o por sus cómplices. No por otra cosa, los estudios de opinión también recogen el miedo a la denuncia contra los policías.Mantener a las instituciones policiales en condiciones que les hace imposible cumplir con los principios constitucionales de actuación policial (legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad y respeto a los derechos humanos) ha sido y es hasta la fecha una decisión de Estado. ¿Evidencia? A dos décadas de haberse creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, según la revisión más reciente que hemos hecho en Insyde, el gobierno federal, junto con 21 entidades federativas, aún hoy no cuenta con leyes de uso de la fuerza. Lo he dicho incontable veces, si una policía no sabe usar de manera profesional la fuerza, entonces se trata de cualquier cosa menos de una institución policial, por la sencilla razón de que justo en el uso de ese poder reside la característica fundamental que la distingue.Entre la policía en el mundo entero se sabe bien que el dolor de cabeza más fuerte está en la supervisión operativa. Lograr que las instituciones controlen lo que hacen sus representantes en la calle es el más grande desafío y la mala noticia es que en la mayor parte del orbe este objetivo no se logra adecuadamente. Las personas uniformadas y armadas cometen errores, intencionales o no, todos los días por igual en los países más y menos avanzados. Los esfuerzos internacionales para controlar adecuadamente el uso de la fuerza se entienden bien cuando se leen los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, fechados en 1990 (http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2008.pdf). México renuncia todos los días al cumplimiento de esos principios (y al de múltiples sentencias internacionales contra el Estado mexicano) en la medida en que no crea las leyes de uso de la fuerza ni las plataformas de profesionalización y control operativo para todas las instituciones policiales.En nuestro caso, todos los sistemas de control sobre la policía están comprometidos: las unidades de asuntos internos, los consejos de honor y justicia, las visitadurías, los ministerios públicos, los jueces, las comisiones de derechos humanos y los poderes legislativos, todos y cada uno en general renuncian a someter efectivamente a cuentas a la policía. Se trata de un saldo terrible del poder incontrolable cedido a ella desde su origen mismo. Justo en meses recientes y en el marco de la crisis de violaciones graves y generalizadas contra los derechos humanos en México, en diversos proyectos hemos constatado como nunca el temor de muchos fiscales a investigar y perseguir a la policía.Vamos en contra de la historia; mientras en México se contraen las capacidades de control democrático sobre la policía, en el mundo se fortalecen y diversifican. El aprendizaje internacional sobre el quehacer policial ha constatado lo siguiente: la policía muchas veces no logra el autocontrol adecuado. Ello ha conducido hacia una doble vía de esfuerzos: fortalecer los sistemas de control interno y crear sistemas de supervisión externa. Los invito a mirar este sencillo documento que dimos a conocer hace poco para explicar qué es la supervisión externa de la policía, misma que se viene extendiendo en todos los continentes (http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/FAQ-Supervisión-Externa-Policial-Insyde.pdf).¿Qué sucedió en Nochixtlán en materia de uso de la fuerza por parte de la policía? Hay todas las versiones posibles, incluso una que dice recoger testimonios de unos policías federales señalando la responsabilidad del uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de otros de la misma institución (http://www.proceso.com.mx/445332/sangriento-error-la-gendarmeria).La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha avisado que investiga a fondo los hechos. Estamos atentos a sus hallazgos. Creemos sin embargo que la Policía Federal y todas las demás policías en México deben ser supervisadas por una autoridad especializada que evalúe todo el tiempo el diseño institucional y las operaciones, tal como se viene haciendo en muchas partes del mundo. Es tiempo de recordar y volver a urgir en consecuencia a la aprobación de la reforma que crea al auditor especial de las policías federales, misma que entró al Senado desde el pasado 9 de agosto del 2011 (http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/Iniciativa-Proyecto-Auditor-Civil-Senado-Insyde.pdf). Por lo demás, en la experiencia internacional son justamente las grandes tragedias como la de Nochixtlán las que en han detonado las mejoras radicales de la policía. Por ahora, una vez más, ella se queda son su versión que sólo ella misma cree y que garantiza su propia impunidad. ¿Hasta cuándo?
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Detrás de la tragedia humana sucedida el domingo 19 de junio en Nochitxtlán, Oaxaca, están otras tragedias. Una es la política y la otra es la institucional. Lo escandaloso entonces no son sólo las muertes sino la inexistencia de sistemas de controles políticos y jurídicos robustos que permitan reconstruir los hechos y asegurar las consecuencias sobre los responsables. Sobre la incompetencia política para procesar el conflicto asociado a la reforma educativa se vienen pronunciando muchos otros. Yo me referiré aquí a las condiciones en torno al aún imposible saneamiento policial en materia del uso de la fuerza.

¿Quién le cree a la policía? Los acontecimientos referidos nos recuerdan una vez más que la policía en México no merece ni un ápice de credibilidad social. Cuando la policía emite una versión de los hechos sólo la creen ella misma y el gobierno del que depende –o cuando menos así lo aparentan. El vaciamiento de la confianza social hacia la policía hace parte del mismo problema con respecto al sistema político en su conjunto: en general a las autoridades sólo le creen las propias autoridades.

Quienes estudiamos de cerca a la policía lo hemos sabido siempre: para el mexicano promedio la policía no es creíble, haga lo que haga. Apenas hace unas semanas se publicó un estudio que coloca a México entre los cinco países del mundo con el menor nivel de legitimidad de la policía, junto con Kenia, Nigeria, República Democrática del Congo y Pakistán (http://wispindex.org/sites/default/files/downloadables/WISPI%20Report_EN_WEB_0.pdf). El reporte internacional sólo vino a confirmar décadas de estudios de opinión que han encontrado la desconfianza generalizada en las instituciones policiales.

¿Es importante la confianza hacia la policía en el aprendizaje internacional? Miren este ejemplo: ante los excesos de la policía en Estados Unidos, el Presidente Obama creó una comisión especial de trabajo para construir un modelo policial para el siglo XXI. El primer eje de modernización se denomina justamente Construir Confianza y Legitimidad. Y las acciones precisas recomendadas comienzan por crear espacios que permitan a la policía escuchar a las comunidades a las que deben servir y proteger. La lección es simple y clara: en democracia, el quehacer policial se construye desde el diálogo con el ciudadano (http://www.noblenational.org/Implementation%20Guide.pdf).

El modelo policial mexicano no incluye los ingredientes necesarios para construir confianza social. Al revés, funciona de tal manera que neutraliza las posibilidades de que la gente tenga certeza de recibir el servicio y la protección que espera. La fórmula es en realidad otra. Los políticos y los mandos policiales orientan a la policía bajo criterios de opacidad y de esa manera hacen imposible saber lo que realmente pasa allá adentro. La paradoja es evidente: tenemos a la policía frente a nosotros y a la vez casi nada sabemos de ella. Uno de los ejemplos más contundentes es el sistema de atención a quejas contra la policía. Mientras en el ámbito internacional la transparencia de este sistema es quizá el más importante estándar de una policía en democracia, en México si usted mete una queja contra un policía lo más común, en el mejor de los casos, es que jamás sabrá cómo realmente se atiende la misma; y en el peor de los casos será amenazado y hasta atacado por el mismo policía que ha sido señalado en la queja o por sus cómplices. No por otra cosa, los estudios de opinión también recogen el miedo a la denuncia contra los policías.

Mantener a las instituciones policiales en condiciones que les hace imposible cumplir con los principios constitucionales de actuación policial (legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad y respeto a los derechos humanos) ha sido y es hasta la fecha una decisión de Estado. ¿Evidencia? A dos décadas de haberse creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, según la revisión más reciente que hemos hecho en Insyde, el gobierno federal, junto con 21 entidades federativas, aún hoy no cuenta con leyes de uso de la fuerza. Lo he dicho incontable veces, si una policía no sabe usar de manera profesional la fuerza, entonces se trata de cualquier cosa menos de una institución policial, por la sencilla razón de que justo en el uso de ese poder reside la característica fundamental que la distingue.

Entre la policía en el mundo entero se sabe bien que el dolor de cabeza más fuerte está en la supervisión operativa. Lograr que las instituciones controlen lo que hacen sus representantes en la calle es el más grande desafío y la mala noticia es que en la mayor parte del orbe este objetivo no se logra adecuadamente. Las personas uniformadas y armadas cometen errores, intencionales o no, todos los días por igual en los países más y menos avanzados. Los esfuerzos internacionales para controlar adecuadamente el uso de la fuerza se entienden bien cuando se leen los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, fechados en 1990 (http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2008.pdf). México renuncia todos los días al cumplimiento de esos principios (y al de múltiples sentencias internacionales contra el Estado mexicano) en la medida en que no crea las leyes de uso de la fuerza ni las plataformas de profesionalización y control operativo para todas las instituciones policiales.

En nuestro caso, todos los sistemas de control sobre la policía están comprometidos: las unidades de asuntos internos, los consejos de honor y justicia, las visitadurías, los ministerios públicos, los jueces, las comisiones de derechos humanos y los poderes legislativos, todos y cada uno en general renuncian a someter efectivamente a cuentas a la policía. Se trata de un saldo terrible del poder incontrolable cedido a ella desde su origen mismo. Justo en meses recientes y en el marco de la crisis de violaciones graves y generalizadas contra los derechos humanos en México, en diversos proyectos hemos constatado como nunca el temor de muchos fiscales a investigar y perseguir a la policía.

Vamos en contra de la historia; mientras en México se contraen las capacidades de control democrático sobre la policía, en el mundo se fortalecen y diversifican. El aprendizaje internacional sobre el quehacer policial ha constatado lo siguiente: la policía muchas veces no logra el autocontrol adecuado. Ello ha conducido hacia una doble vía de esfuerzos: fortalecer los sistemas de control interno y crear sistemas de supervisión externa. Los invito a mirar este sencillo documento que dimos a conocer hace poco para explicar qué es la supervisión externa de la policía, misma que se viene extendiendo en todos los continentes (http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/FAQ-Supervisión-Externa-Policial-Insyde.pdf).

¿Qué sucedió en Nochixtlán en materia de uso de la fuerza por parte de la policía? Hay todas las versiones posibles, incluso una que dice recoger testimonios de unos policías federales señalando la responsabilidad del uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de otros de la misma institución (http://www.proceso.com.mx/445332/sangriento-error-la-gendarmeria).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha avisado que investiga a fondo los hechos. Estamos atentos a sus hallazgos. Creemos sin embargo que la Policía Federal y todas las demás policías en México deben ser supervisadas por una autoridad especializada que evalúe todo el tiempo el diseño institucional y las operaciones, tal como se viene haciendo en muchas partes del mundo. Es tiempo de recordar y volver a urgir en consecuencia a la aprobación de la reforma que crea al auditor especial de las policías federales, misma que entró al Senado desde el pasado 9 de agosto del 2011 (http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/Iniciativa-Proyecto-Auditor-Civil-Senado-Insyde.pdf). Por lo demás, en la experiencia internacional son justamente las grandes tragedias como la de Nochixtlán las que en han detonado las mejoras radicales de la policía. Por ahora, una vez más, ella se queda son su versión que sólo ella misma cree y que garantiza su propia impunidad. ¿Hasta cuándo?

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