La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en la nueva etapa del máximo tribunal, con el fin de generar condiciones que favorezcan la inversión y el crecimiento económico del país.
Durante una reunión con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la ministra destacó que la certeza jurídica y el Estado de Derecho forman parte de los temas centrales de esta nueva etapa del Poder Judicial.
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En cuanto al sector empresarial, Esquivel Mossa manifestó su respeto hacia la visión de la Coparmex sobre el desarrollo inclusivo y las políticas económicas solidarias, que permitan alcanzar una viabilidad en un entorno de seguridad y certeza jurídicas.
“La inversión productiva, la creación de infraestructura y el crecimiento económico sostenido del país requieren reglas del juego claras y un árbitro neutral que las haga valer”, resaltó la ministra.
Esquivel Mossa consideró que la Suprema Corte tiene la responsabilidad de establecer criterios que otorguen estabilidad dentro del marco normativo, resguardando los principios constitucionales que permitan impulsar el desarrollo económico en un entorno de equidad y justicia social.
Legitimidad de juzgadores y compromiso con la Constitución
Asimismo, detalló que sus decisiones como integrante del máximo tribunal constitucional están apegadas a la Constitución y a los derechos humanos, con el propósito de brindar seguridad jurídica a las personas y contribuir con condiciones favorables para el desarrollo económico y social.
“La SCJN tiene la responsabilidad histórica de generar criterios que brinden estabilidad al marco normativo, protegiendo los principios constitucionales que potencian el crecimiento económico de nuestro país en un entorno de equidad y justicia social”, sostuvo.
Respecto al nuevo sistema de selección de juzgadores y juzgadoras, la magistrada subrayó que los elegidos por este nuevo sistema cuentan con una legitimidad de origen que implica tener la responsabilidad de cumplir frente a la ciudadanía con justicia, respeto a los derechos humanos y acatamiento constitucional.
“Esa legitimidad tiene por contrapartida la responsabilidad frente a la ciudadanía de cumplir con la defensa de nuestra Constitución, del Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas, propiciando condiciones que permitan un desarrollo social armónico”, dijo.
DG
