El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desechó el proyecto con el que se anulaba un crédito fiscal de 6 mil 292 millones de pesos que el gobierno de Nuevo León adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no entregar retenciones de impuesto sobre la renta (ISR).
En una votación de ocho votos contra dos, la Sala Superior del TFJA desechó este lunes el proyecto del magistrado Julián Olivas, que anulaba de manera lisa y llana el crédito fiscal, por lo que el togado tendrá que presentar uno nuevo.
En este nuevo proyecto aún podría dar la razón al estado de Nuevo León, pero con otros argumentos que no formen parte de expediente desechado.
Actualmente no hay fecha para que se discuta de nuevo el caso para el que el magistrado Olivas propuso hoy que se anulara el crédito porque el SAT emitió el acta final del procedimiento de fiscalización cuando todavía estaba pendiente de resolver un amparo del gobierno de Nuevo León.
Esto último bajo el argumento de que el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación indica que los plazos para las visitas o revisiones del SAT se suspenderán cuando el contribuyente promueva algún medio de defensa.
No obstante, los magistrados Luz María Anaya, Rafael Anzures y el presidente del tribunal, José Ramón Amieva, consideraron que no había obstáculo para que el SAT siguiera adelante con el procedimiento.
Los togados indicaron que el juez que llevaba el amparo negó al gobierno estatal la suspensión de los actos, además de que posteriormente Nuevo León desistió de este recurso.
En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el cabildeo del gobernador Samuel García, a lo que respondió que las partes tienen derecho de ir a hablar con los magistrados, pero que eso no debe influir en su decisión.
“Tiene que determinar el Tribunal de Justicia Administrativa con base en la ley, con base en el análisis que ellos hagan de la normatividad, no con base en el cabildeo de una u otra persona.
"Esperemos que la resolución venga así, con base en la ley y con los suficientes argumentos para decir si el SAT está en lo correcto o no. Entonces eso es lo que le pedimos al Tribunal Superior de Justicia Administrativa", dijo la titular del ejecutivo.
ecl
