El Tribunal Electoral votó en contra, la petición de dos militantes priistas para que el magistrado Felipe Fuentes se abstenga de conocer y votar las impugnaciones en contra de la reelección del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, porque no se acredita que tengan una amistad o una relación más allá de lo institucional.
MILENIO adelantó el pasado 19 de julio, que en medio de los cuestionamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho sobre la reunión que organizó la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, con magistraturas electorales y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el Tribunal Electoral recibió una petición de recusación para que el magistrado Felipe Fuentes fuera excluido de estas impugnaciones.
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Pero además, estas peticiones se centraron en revivir las presuntas conversaciones privadas que en 2022, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió en su programa Martes del Jaguar, en las que Fuentes Barrera aparentemente ofrecía ‘apoyo’ en impugnaciones del PRI.
El magistrado Fuentes Barrera negó ante la Sala Superior esta supuesta conversación, alegando que además, se trataría de una prueba ilegal y que sostiene, no se dio de la forma en que la gobernadora morenista sostiene y que priistas retoman para buscar frenar su labor de juzgador.
Por unanimidad, la Sala Superior respaldó al magistrado al concluir que, “no existen elementos para acreditar una supuesta amistad ni que Fuentes Barrera falte a su deber de imparcialidad en su labor como juzgador electoral ni en el caso del PRI ni en ningún otro.”
“No se advierten elementos que permitan evidenciar que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera tenga algún interés, vínculo de amistad o enemistad con las partes. Ni se actualiza alguna circunstancia real y objetiva que pueda viciar su imparcialidad como juzgador”, concluyó la Sala Superior.
Por lo que Fuentes Barrera participó en las votaciones de los dos proyectos que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso para reencauzar a los órganos partidistas del PRI, cinco impugnaciones contra la convocatoria para renovar la dirigencia; y otras tres al INE para que resuelvan la legalidad de las reformas a los estatutos, antes de que la Sala Superior se pronuncie de fondo y en definitiva.
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