El Tribunal Electoral confirmó los plazos que impuso el INE para que los partidos soliciten que las autoridades de seguridad, justicia y financieras investiguen a sus aspirantes y se descarten vínculos con el crimen organizado.
El PRI y el PAN impugnaron que el INE estableciera que tenían a más tardar 30 días antes del cierre de registro de candidaturas para solicitar estas verificaciones, pues consideraron que interfería en sus procesos internos y en las estrategias de cada partido para elegir a sus mejores perfiles.
Este plazo varía conforme al calendario electoral de cada cargo y entidad; en el caso de las diputaciones federales, los registros de candidaturas serán del 22 de marzo al 3 de abril, por lo que el 3 de marzo sería la fecha límite para solicitar revisión de aspirantes a la Cámara de Diputados.
El PRI y el PAN alegaron que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas excedió sus facultades con el plan de trabajo aprobado, sin que hayan previsto mecanismos extraordinarios en caso de que algún partido decida, muy cerca del cierre de registro, quién será su candidato o candidata.
Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un proyecto de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho concluyó que el plan de trabajo y el calendario son correctos, pues se limita a tener una estrategia operativa ante este mecanismo y facultades inéditas, en las que el INE solo operará como un puente entre las solicitudes de los partidos y la investigación de las autoridades, así como, de regreso, los resultados encontrados por las autoridades y la entrega a los partidos.
“La anticipación de 30 días se encuentra debidamente fundada y motivada en los tiempos técnicos que requiere cada fase institucional de análisis de riesgo, sin que ello vulnere la autonomía partidista, al tratarse de un procedimiento estrictamente voluntario que no impone requisitos de elegibilidad adicionales.
“El calendario prevé ocho días para revisar las solicitudes, atender prevenciones y requerir información; quince días para que las autoridades competentes emitan sus comunicaciones y hasta tres días adicionales para notificarlas a la Secretaría Técnica. Esas etapas suman veintiséis días y, junto con el tiempo necesario para recibir, registrar y entregar la información, explican la anticipación establecida”.
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El TEPJF determinó que los plazos establecidos por el Consejo General “no restringen la libertad de los partidos para definir sus postulaciones ni el derecho de la ciudadanía a ser votada por la vía partidista o independiente”, pues, además, en casos extraordinarios, la Comisión dejó abierto el análisis que, ante todo, no dependerá del INE sino de las autoridades federales y estatales, según corresponda.
“No genera desigualdad o incertidumbre, como lo afirman los recurrentes, porque el procedimiento de verificación es voluntario, puede iniciarse desde que una persona obtiene su registro como precandidata y no condiciona la postulación ni el registro de una candidatura.
“Asimismo, si una sustitución o una resolución partidista ocurre después del periodo ordinario, la Comisión podrá valorar, conforme a las circunstancias del caso, si aún es posible realizar la verificación”, indicó la sentencia.
