Ciudad de México /
Es claro que se requiere una nueva ley acorde a las nuevas realidades que, para el caso del financiamiento –entre otros aspectos– otorgue certidumbre jurídica de la aportación federal, estatal y municipal a las instituciones púbicas de educación superior; que establezca las obligaciones de las instituciones públicas para regular sueldos y prestaciones a su personal, como las jubilaciones y el retiro, que también permita, para algunas actividades de investigación a largo plazo y la construcción de obras de envergadura, la aplicación de presupuestos plurianuales.
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